El Catatumbo completa un año sumido en una confrontación armada que no solo no ha disminuido, sino que ha mutado y se ha profundizado. La guerra entre el Frente de Guerra Nororiental del ELN y las disidencias del Frente 33, adscritas a la facción de alias Calarcá, ha dejado una estela de muerte, desplazamiento forzado y ruptura del tejido social que hoy constituye una de las crisis humanitarias más graves del país en décadas. Lejos de ser un episodio coyuntural, el conflicto se ha consolidado como una disputa estructural por el control territorial, las economías ilegales y las rutas estratégicas de frontera.
Desde inicios de 2025, distintas alertas advertían que el enfrentamiento no sería corto. La Fundación Ideas para la Paz (FIP), en su análisis sobre la dinámica del conflicto en el Catatumbo, elaborado por los investigadores Paula Tobo y Gerson Arias, señaló que, aunque las disidencias del Frente 33 habían perdido cerca del 90% del territorio frente al ELN, conservaban capacidad de reorganización y contaban con incentivos claros para intentar retomar espacios estratégicos. Doce meses después, ese diagnóstico se confirma con crudeza.
Una guerra que se reconfigura, pero no se detiene
La confrontación se ha concentrado principalmente en Tibú y El Tarra, municipios que se han convertido en epicentro de choques armados, control social y desplazamientos masivos. A finales de 2025 y comienzos de 2026, una nueva oleada de enfrentamientos obligó a cerca de 1.500 personas a abandonar sus hogares, reactivando el temor colectivo y demostrando que los actores armados mantienen intacta su voluntad de combate.
Según cifras del Puesto de Mando Unificado de la Gobernación de Norte de Santander, hasta el 13 de enero de 2026 al menos 166 personas habían sido asesinadas, entre ellas seis firmantes del Acuerdo de Paz y diez menores de edad. A esta cifra se suman 19 integrantes de la Fuerza Pública. El número de personas desplazadas alcanza dimensiones alarmantes, cerca de 92.000 habitantes han tenido que huir de sus territorios para proteger sus vidas.
La Defensoría del Pueblo, citando datos de la Unidad para las Víctimas, reportó que entre enero y diciembre de 2025 más de 105.000 personas fueron incluidas en el Registro Único de Víctimas, principalmente por desplazamiento forzado, pero también por amenazas, confinamiento y despojo de tierras. Estas cifras no solo evidencian la magnitud de la crisis, sino la incapacidad del Estado para contenerla.
¿Por qué persiste la confrontación?
La continuidad de la guerra responde a una combinación de factores que van más allá de un simple choque entre dos grupos armados. En primer lugar, el Frente 33, pese a su debilitamiento inicial, ha logrado reforzarse con apoyos de otras estructuras disidentes, lo que le permite sostener acciones ofensivas y defensivas. Esta capacidad residual ha impedido que el ELN consolide un control absoluto sin resistencia.
En segundo término, la respuesta institucional ha sido lenta, fragmentada y, en muchos casos, reactiva. Las comunidades han quedado atrapadas entre actores armados sin una presencia estatal efectiva que garantice protección, justicia y servicios básicos. Como advierte la FIP, la ausencia de una estrategia integral de control territorial ha permitido que la confrontación se prolongue y se adapte.
El tercer factor es el entorno regional. La frontera con Venezuela, históricamente porosa, se ha convertido en un elemento adicional de presión. Incluso antes de los cambios recientes en la situación política venezolana, el ELN había fortalecido su presencia en zonas limítrofes, aprovechando la debilidad institucional y las economías ilegales transfronterizas. Este contexto ha reducido los costos de la guerra para los grupos armados y ha ampliado su margen de maniobra.
Actualmente, se estima que el Frente de Guerra Nororiental del ELN cuenta con más de 2.000 combatientes, mientras que las disidencias del Frente 33 tendrían alrededor de 500 integrantes. A este escenario se suma la amenaza latente de la entrada de otros actores armados, como el Clan del Golfo o las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, lo que podría multiplicar los frentes de violencia.
Las víctimas invisibles de una guerra prolongada
La población civil sigue siendo la principal víctima del conflicto. Mujeres, niñas, niños y adolescentes enfrentan una vulnerabilidad extrema. Entre enero y septiembre de 2025 se registraron 299 denuncias de violencia sexual y 64 casos de reclutamiento forzado de menores, según la Unidad para las Víctimas. Tibú concentra buena parte de estos hechos, lo que confirma su condición de núcleo de la crisis.
Los líderes sociales y comunitarios han sido silenciados mediante amenazas y desplazamientos, instaurando una “ley del miedo” que limita la denuncia y la organización colectiva. Los firmantes de paz también han sufrido un golpe devastador y el antiguo ETCR de Caño Indio, tuvo que ser evacuado en su totalidad hacia el área metropolitana de Cúcuta, truncando procesos de reincorporación que ya enfrentaban enormes dificultades.
El sector productivo tampoco escapa a la violencia. Comerciantes, transportadores y empresarios locales viven bajo extorsión permanente, lo que debilita aún más la economía regional y refuerza la dependencia de actividades ilícitas.
Sustitución de cultivos con avances frágiles en medio del conflicto
En este contexto adverso, la sustitución de cultivos ilícitos avanza de manera limitada. Durante 2025, unas 6.500 familias del Catatumbo se inscribieron en el programa RenHacemos, una señal de que existe disposición comunitaria para transitar hacia economías legales. Sin embargo, como señala la FIP, estos procesos no pueden sostenerse sin seguridad, presencia institucional continua y generación rápida de ingresos alternativos.
RenHacemos ha permitido reactivar la corresponsabilidad entre Estado y comunidades, pero su impacto sigue siendo frágil. La coca continúa siendo el eje económico del territorio, y mientras la disputa armada persista, cualquier avance en sustitución estará permanentemente en riesgo.
Paz Total y seguridad son promesas sin resultados tangibles
El Gobierno ha sostenido que ha recuperado cerca del 70% del Catatumbo, pero en la práctica las comunidades no perciben mejoras sustanciales en seguridad. La declaratoria de Conmoción Interior, además de enfrentar cuestionamientos legales, no logró modificar la dinámica del conflicto ni frenar el desplazamiento masivo.
La propuesta de una Zona de Ubicación Temporal para el Frente 33, anunciada en abril de 2025, tampoco se ha materializado. Las condiciones mínimas de seguridad y control institucional no existen, dejando el proceso en un limbo que debilita la credibilidad de la política de paz.
El Pacto Social por el Catatumbo, firmado como apuesta de transformación territorial, corre el riesgo de convertirse en un compromiso más sin ejecución efectiva, especialmente ante la cercanía de un cambio de gobierno.
Un conflicto que exige atención nacional
A pocos meses de las elecciones legislativas, incluida la designación de la curul especial de paz del Catatumbo, la región sigue atrapada en una guerra que parece normalizarse en el debate público. Sin embargo, como advierten Paula Tobo y Gerson Arias en su análisis para la Fundación Ideas para la Paz, ignorar esta crisis no solo profundiza el sufrimiento de las comunidades, sino que consolida un escenario de violencia crónica difícil de revertir.
El Catatumbo no es un conflicto periférico. Es un espejo de las falencias estructurales del Estado en territorios estratégicos y una advertencia sobre los límites de las políticas de paz sin control efectivo del territorio. Doce meses después, la guerra continúa, y con ella la urgencia de no apartar la mirada de quienes siguen pagando el precio más alto.
