Ha sido noticia esta semana que en apenas 30 días y en pleno ambiente preelectoral, el Gobierno nacional ejecutó contrataciones y nombramientos por más de 1,3 billones de pesos en al menos diez entidades del orden nacional. La cifra, revelada a partir de registros oficiales y actualizaciones en portales de aspirantes y contratación, incluye 9.282 nombramientos y 213 contratos con firmas privadas, un movimiento administrativo que ha encendido las alarmas en sectores políticos, gremiales y de control por su oportunidad temporal y su impacto fiscal y electoral.
Lejos de tratarse de ajustes rutinarios, el volumen, la velocidad y el momento de estas decisiones han sido interpretados como parte de una estrategia de reacomodo del aparato estatal en la recta final del Gobierno del presidente Gustavo Petro, cuando el calendario electoral comienza a marcar las prioridades políticas.
Una carrera contrarreloj en la Casa de Nariño
Durante el último mes, la plataforma web que centraliza convocatorias y movimientos administrativos vinculados a la Presidencia de la República registró más de 9.200 actualizaciones. En los pasillos del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), algunos funcionarios describen el proceso como una verdadera “masacre administrativa”, en alusión a la salida y entrada simultánea de funcionarios, reubicaciones internas y nuevos nombramientos que alteraron de forma abrupta la estructura operativa.
La Cancillería, el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de la Igualdad, este último con un futuro institucional incierto, concentran buena parte de estos movimientos. IFMNOTICIAS ya había documentado semanas atrás cómo estas carteras incrementaron su planta y contratación en un contexto que difícilmente puede separarse del ciclo electoral.
Desde el Gobierno, particularmente desde el Ministerio de Trabajo, se ha defendido la legalidad de los nombramientos, señalando que responden a necesidades misionales acumuladas. Sin embargo, la coincidencia temporal con decisiones políticas sensibles ha alimentado la controversia.
El contexto político que rodea el gasto
La ampliación de la burocracia no ocurre en el vacío. Se da en paralelo con una serie de decisiones de alto impacto político y simbólico con el anuncio de una reducción de 500 pesos en el precio de la gasolina, el inicio tardío del pago de deudas en el sistema de salud que se habían resistido incluso a mandatos judiciales, y la apertura de espacios en juntas directivas estratégicas ñ, como la de Ecopetrol, a sindicatos y trabajadores, una vieja promesa del oficialismo usada ahora para captar los votos.
A esto se suma la reactivación de desembolsos desde la ADRES para aliviar la situación de entidades como la Nueva EPS, movimientos que, aunque necesarios desde el punto de vista operativo, se concentran de manera llamativa en el tramo previo a las elecciones legislativas y presidenciales y que no se hicieron durante los tres años previos.
Para analistas y sectores críticos, el patrón es claro, las decisiones que no se tomaron o se postergaron durante los primeros años del Gobierno, aparecen ahora de forma simultánea, en un momento políticamente sensible, lo que refuerza la percepción de un uso estratégico del gasto público con fines electorales.
Subsidios, contratación y el debate sobre populismo
Uno de los ejes centrales de la crítica es la aparente contradicción entre el discurso oficial sobre la desfinanciación del Estado y la realidad de un gasto que se acelera. Durante meses, el Ejecutivo ha argumentado la necesidad de reformas tributarias, emergencias económicas y nuevos endeudamientos con altas tasas de interés, para cubrir un supuesto faltante estructural de recursos. Sin embargo, los datos muestran que una parte significativa del dinero no ejecutado en años anteriores comienza a fluir ahora, justo cuando el país entra de lleno en la disputa electoral.
Este comportamiento ha sido calificado por opositores y analistas como una forma de populismo fiscal y burocrático al ampliar el Estado, entregar subsidios y mostrar obras o alivios económicos de último momento para generar un impacto favorable en la opinión pública y, por extensión, en las urnas.
Desde esta óptica, la emergencia económica fallida, los intentos de aumentar la carga tributaria y el crecimiento acelerado de la contratación formarían parte de una misma lógica, y asegurar recursos para sostener una narrativa de gestión y continuidad política.
Publicidad oficial y participación en política
La controversia no se limita al gasto y la burocracia. Paralelamente, se han impartido directrices para que las entidades del Estado orienten su publicidad institucional a resaltar los logros del llamado “Gobierno del Cambio” y del propio presidente. Para varios congresistas y juristas, esta práctica roza la participación indebida en política, prohibida de manera expresa por la Constitución.
Las constantes intervenciones del presidente Petro en redes sociales, con mensajes de claro contenido electoral, han motivado alertas formales desde el Congreso, como las presentadas por el representante Hernán Cadavid. No obstante, hasta ahora no se observan acciones contundentes de la Comisión de Acusaciones ni de otros órganos de control, lo que refuerza la sensación de asimetría en la competencia política.
El factor Constituyente y la campaña paralela
En este mismo escenario aparece otro elemento que ha generado inquietud. El impulso, desde el Ministerio de Trabajo y sectores del oficialismo, de la idea de una Asamblea Nacional Constituyente en plena época electoral. Aunque el mecanismo enfrenta enormes obstáculos jurídicos y políticos, analistas coinciden en que su valor no radica necesariamente en su viabilidad, sino en su utilidad como herramienta de movilización política y gestión de recursos económicos, que se sumen a la campaña del candidato del continuismo, sin afectar sus topes.
La discusión constituyente introduce recursos, agendas y debate público que, en la práctica, terminan orbitando alrededor del candidato del continuismo, Iván Cepeda, sin que esos esfuerzos computen como gastos directos de campaña ni se sometan a los topes legales. Se trata, según críticos, de una campaña paralela financiada desde el debate institucional, coordinado y financiado desde su promotor que es el propio gobierno, a través de su ministro de Trabajo, Antonio Sanguino.
Impacto económico y señales al mercado
Desde el punto de vista económico, el mensaje que envía esta aceleración del gasto y la contratación es ambiguo. Por un lado, dinamiza sectores específicos y genera empleo público de corto plazo. Por otro, incrementa la presión fiscal y refuerza la percepción de desorden presupuestal, justo cuando el Gobierno insiste en la necesidad de mayores ingresos y enfrenta advertencias sobre sostenibilidad de la deuda.
La contratación masiva en un periodo tan corto también plantea dudas sobre eficiencia, meritocracia y control del gasto. Para inversionistas y calificadoras, estos movimientos pueden interpretarse como señales de riesgo político-fiscal, especialmente si se combinan con intentos fallidos de imponer reformas tributarias por vías excepcionales.
El impacto político con cancha inclinada
En el plano político, el efecto es más directo. La ampliación de la burocracia, el uso intensivo de la publicidad oficial y la entrega concentrada de beneficios generan una ventaja estructural para el oficialismo frente a otros actores que compiten en las elecciones sin acceso al aparato estatal.
Por esta razón, la Constitución y la ley prohíben de manera expresa la participación en política de los funcionarios públicos. Sin embargo, los críticos sostienen que el Ejecutivo ha encontrado formas indirectas de eludir estas restricciones mediante decisiones administrativas, discursos oficiales y políticas de gasto que, sin ser formalmente campaña, producen efectos electorales evidentes y que se traducen e la ejecución de prácticas populistas.
Un libreto conocido en la región
Para varios analistas, lo que ocurre en Colombia no es un fenómeno aislado. Responde a un libreto observado en otros países de América Latina donde gobiernos de orientación socialista o populista han utilizado el cierre de su mandato para reconfigurar el Estado, asegurar lealtades burocráticas y preparar el terreno para la continuidad del proyecto político, incluso cuando el relevo se da en cabeza ajena.
El debate de fondo no es solo legal, sino democrático, cuestionando, hasta qué punto el uso intensivo del Estado en época electoral desnaturaliza la competencia política y erosiona la confianza ciudadana en las instituciones.
Una discusión que apenas comienza
El aumento de más de 1,3 billones de pesos en contratación y nombramientos en tan solo un mes no es un dato menor. Es un síntoma de una estrategia política que combina gasto, burocracia y narrativa en el momento más sensible del calendario democrático.
Mientras avanzan las elecciones, la pregunta central sigue abierta. ¿Se trata de decisiones administrativas legítimas o de una forma sofisticada de intervención electoral desde el poder? La respuesta no solo tendrá efectos en las urnas, sino en la credibilidad institucional y en el equilibrio democrático del país en los años por venir.
