Durante una alocución presidencial emitida el 23 de diciembre, Petro explicó las razones que llevaron a su Gobierno a declarar el estado de emergencia económica, decisión adoptada tras el hundimiento de la ley de financiamiento en el Congreso.
En su intervención, el mandatario sostuvo que la medida busca atender una situación fiscal que, según afirmó, compromete la sostenibilidad de la deuda pública.
El jefe de Estado expuso cifras sobre el comportamiento de los ingresos tributarios y del gasto fiscal entre 2019 y 2025. De acuerdo con los datos presentados, el recaudo alcanzó niveles elevados en 2021, 2022 y 2023, mientras que en 2024 se registró una reducción. Petro vinculó este comportamiento con la necesidad de contar con instrumentos extraordinarios para manejar el déficit primario.
En ese contexto, señaló que la combinación entre la tasa de interés real y el crecimiento económico genera un escenario que, desde su perspectiva, justifica la declaratoria de emergencia.
Según explicó, el Banco de la República ha mantenido la tasa de interés nominal pese a la reducción de la inflación, lo que incide en el costo real de la deuda. Para el mandatario, este hecho configura una situación sobreviniente, requisito constitucional para acudir a este mecanismo, pese a que sectores de oposición han cuestionado ese argumento.
Petro responsabilizó tanto a la Corte Constitucional como al Congreso por el estado actual de las finanzas públicas. A la Corte le atribuyó la eliminación de parte de los impuestos incluidos en la reforma tributaria aprobada en 2022, mientras que al Legislativo le señaló haber archivado en dos ocasiones iniciativas de financiamiento presentadas por su Gobierno. Según afirmó, estas decisiones impidieron avanzar hacia un superávit fiscal, condición que considera necesaria para estabilizar la deuda.
En su discurso, Petro sostuvo que las reformas tributarias promovidas por su administración estaban dirigidas a incrementar la carga impositiva sobre los sectores con mayores ingresos. De esta forma, acusó al Congreso de negarse a aprobar aumentos tributarios para esa población, mientras respalda iniciativas que afectan a los sectores de menores recursos. En referencia a este punto, utilizó la expresión “vampiros del Estado” para aludir a los más ricos del país, afirmando que concentran beneficios derivados del uso de recursos públicos.
Dentro de los temas tratados en la noche del martes, Petro anunció que el incremento del salario mínimo se regirá bajo el concepto de salario vital familiar. Según indicó, por primera vez en la historia del país, el decreto de aumento salarial para el año 2026 se fundamentará en la canasta mínima vital.
Al dar a conocer las primeras pistas sobre su decisión, el mandatario colombiano citó a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y explicó que un salario mínimo vital es aquel “necesario para proporcionar un nivel de vida digno a los trabajadores y sus familias”.
Según la organización, el concepto del salario vital le apunta a «permitir un nivel de vida decente a los trabajadores y sus familias». Es decir, este salario debería permitir cubrir la canasta básica real, como lo es un margen para imprevistos y participación social, alimentación adecuada, vivienda digna, vestido, salud, educación y transporte.
El mandatario también se refirió a planes del Gobierno para 2026, entre ellos la llamada desnarcotización del territorio, que, según dijo, se concentrará en zonas específicas del sur y norte del país, así como en el Catatumbo. Indicó que esta estrategia requiere recursos fiscales adicionales y la vinculó con su visión sobre la relación entre economía y construcción de paz.
Durante la alocución, el mandatario cuestionó las restricciones impuestas por el Consejo de Estado a la duración y contenido de sus intervenciones televisadas, señalando que se trata de una forma de censura. Asimismo, expresó respaldo a los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, actualmente vinculados a procesos judiciales por el caso de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, afirmando que no se apropiaron de recursos públicos.
Finalmente, el presidente reiteró que la Corte Constitucional tendrá la última palabra sobre la legalidad de la emergencia económica y manifestó su expectativa frente a la revisión que realizará el alto tribunal, una vez finalice la vacancia judicial.
