La industria de la construcción en el Valle de Aburrá enfrenta tiempos difíciles. Una serie de retrasos y paralizaciones en las obras de construcción se han convertido en el pan de cada día para los habitantes de esta región, especialmente en Medellín y sus alrededores. La causa detrás de estos contratiempos es una crisis económica que ha golpeado duramente a varias inmobiliarias, exacerbada por los efectos prolongados de la pandemia.
El ritmo de desarrollo que caracterizaba a Medellín, con proyectos florecientes en áreas como el Poblado, ha sufrido un duro golpe. La parálisis no es exclusiva de la capital antioqueña; municipios como Itagüí, Sabaneta, Robledo Pajarito, Zona Madre Laura y Buenos Aires también reportan una notable detención en sus proyectos de vivienda.
La gravedad de la situación se refleja en las dificultades financieras que enfrentan las constructoras. Algunas de ellas, incapaces de sobrellevar el peso de la crisis, han tenido que declararse en quiebra, dejando obras inconclusas y a los inversores en una situación precaria. Constructora Acierto Inmobiliario es uno de los nombres que resuenan en medio de esta crisis, conocida por los retrasos en sus obras y por los problemas para cumplir con los pagos a sus empleados.
Ante esta situación, Eduardo Loaiza Posada, gerente de Camacol Antioquía, afirmó para IFMNOTICIAS que, aunque se habla de ocho proyectos específicamente afectados en Medellín, la paralización no siempre es total. “No necesariamente los proyectos que aparecen como ‘paralizados’ indican que todo el proyecto se ha detenido. Es posible que solo una de sus etapas esté afectada”, aclaró. Entre los factores detrás de estos retrasos, señala las altas tasas de crédito que impactan tanto a constructores como a compradores, así como la demora en trámites ante entidades oficiales, un problema que se ha agudizado desde la pandemia.
Este escenario plantea un desafío considerable para el Valle de Aburrá, cuyo crecimiento y desarrollo urbanístico se ven amenazados. La crisis en el sector inmobiliario no solo afecta a las empresas constructoras y a los trabajadores directamente vinculados, sino también a una amplia red de proveedores, a los compradores de vivienda y, en general, a la economía de la región.
