En los últimos días el nombre de Alethia Arango ha resonado con fuerza en los medios nacionales.
Arango fue una pieza clave, dentro de la Alcaldía de Medellín de Daniel Quintero, más que su ‘pupila’, fue la cuota del exalcalde al pasar a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
Alethia fue nombrada por el exdirector Olmedo López como subdirectora de Reducción del Riesgo.
Junto con Olmedo López, exdirector de la entidad, Arango «priorizó» contratos por más de $400 mil millones de pesos, una situación que ha levantado serias sospechas y generado un profundo malestar en la opinión pública.
Esta funcionaria habría priorizado varios contratos por casi medio billón de pesos principalmente para contratistas del departamento de Antioquía, Boyacá, Córdoba y Guajira.
Arango, conocida por su lealtad a Quintero y su influencia dentro de la administración, fue designada en la UNGRD como una pieza clave para gestionar recursos y proyectos. Bajo su supervisión y la de López, se aprobaron y anunciaron contratos millonarios, justificados bajo el manto de la «priorización» de proyectos.
Sin embargo, la falta de transparencia y la velocidad con la que se adjudicaron estos contratos han dejado muchas preguntas sin responder.
Dichos contratos de miles de millones de pesos que a la fecha aunque fueron adjudicados todavía no han siquiera iniciado.
Se trata de 16 contratos que suman más de $400 mil millones de pesos; estos fueron entregados en su mayoría para evitar las inundaciones en los ríos de varios departamentos del país.
Una investigación de La W, indicó que en el departamento de Antioquia se entregaron contratos por un total de $136 mil millones de pesos para Valdivia, Angelópolis, Carepa, Dabeiba, Itagüí, Jericó y La Ceja.
En La Guajira se entregaron dos contratos para el municipio de Uribia y Maicao para un total de más de $51 mil millones de pesos, el contrato de Uribia fue entregado a un contratista que ya había sido cuestionado por por el proyecto del acueducto del corregimiento de Buenos Aires en Uribia, se trata de de Álvaro Adolfo Bustamante Facundo.
En Puerto Boyacá se entregó un contrato por más de $79 mil millones de pesos con el objetivo de evitar la inundación del río Magdalena en el corregimiento de Puerto Serviez.
En Córdoba se entregaron contratos para Tierralta y Ciénaga de Oro que suman más de $19 mil millones de pesos y aun así las obras tampoco han iniciado.
Este escándalo no solo pone en tela de juicio la gestión de recursos en la UNGRD, sino que también salpica la reputación de Daniel Quintero, quien ha sido acusado en el pasado de utilizar su red de aliados para fines cuestionables.
La Procuraduría General de la Nación y la Contraloría han iniciado investigaciones para esclarecer los hechos y determinar si hubo alguna irregularidad en estos contratos. Entre las principales preocupaciones se encuentran la falta de transparencia en los procesos de adjudicación y la posible desviación de fondos que deberían haberse utilizado para la gestión de riesgos y desastres en el país.
Mientras tanto, Alethia Arango y Olmedo López han defendido sus acciones, afirmando que todos los contratos se llevaron a cabo conforme a la ley y que se trataba de proyectos urgentes y necesarios para el bienestar de la población.
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