Una intensa agenda judicial se desarrollará durante el mes de febrero en Medellín, con una serie de audiencias clave relacionadas con presuntos hechos de corrupción ocurridos durante la administración del exalcalde Daniel Quintero. El cronograma, que incluye procesos emblemáticos como INDER, Zonas Verdes, Aguas Vivas y Parque de las Aguas, anticipa semanas decisivas para varios exfuncionarios y, de manera directa, para el propio exmandatario.
De acuerdo con la programación conocida, el calendario inicia el 2 de febrero con audiencia en el caso INDER – Presupuesto Participativo – Metroparques, proceso que se retomará nuevamente los días 17 y 24 de febrero, lo que da cuenta de la complejidad del expediente y de la continuidad de las diligencias judiciales.
El 10, 18 y 26 de febrero están previstas audiencias correspondientes al caso Zonas Verdes – Secretaría de Infraestructura – Metroparques, otro de los procesos más representativos que se desprenden de decisiones administrativas adoptadas durante el gobierno Quintero y que hoy son objeto de investigación por presuntas irregularidades en la contratación.
Uno de los hitos más relevantes del mes será el 13 de febrero, fecha fijada para la audiencia de acusación en el caso Aguas Vivas, diligencia que cobra especial relevancia debido a que el acusado es el propio exalcalde Daniel Quintero. Se trata de una etapa procesal determinante, en la que la Fiscalía expondrá formalmente los cargos en su contra por presuntos hechos de corrupción relacionados con este controvertido proyecto.
A esta agenda se suma, el 23 de febrero, la audiencia de acusación en el caso Área Metropolitana – Metroparques – Parque de las Aguas, otro expediente que hace parte del conjunto de investigaciones que rodean a la pasada administración distrital y que involucra decisiones sobre bienes y proyectos de alto impacto público.
Este escenario judicial se presenta en un momento particularmente complejo para Daniel Quintero, quien enfrenta además una crisis política. En los últimos días se conoció que la Registraduría Nacional no quiso recibir su candidatura, hecho que ha generado un nuevo frente de controversia alrededor de sus aspiraciones políticas. Paralelamente, su esposa, Diana Osorio, anunció públicamente que supuestamente habría sido invitada por el partido PTC; sin embargo, dicha afirmación fue desmentida por la propia colectividad, profundizando la incertidumbre y el desgaste político del entorno del exmandatario.
En conjunto, la agenda judicial de febrero perfila un mes decisivo no solo en términos jurídicos, sino también políticos. Las audiencias programadas buscan esclarecer responsabilidades en presuntos hechos de corrupción que marcaron la pasada administración municipal y cuyos efectos siguen teniendo repercusiones en la vida pública de la ciudad.
Mientras los estrados avanzan en el análisis de las pruebas y en la definición de las etapas procesales, el caso de Daniel Quintero se consolida como uno de los más sensibles y esperados del panorama judicial y político actual, con implicaciones que trascienden lo estrictamente penal y se proyectan sobre el escenario electoral y la credibilidad institucional.
