La Agencia Jurídica del Estado entregó un concepto a los tribunales que podría cambiar el curso del caso, alegando que el primer contrato para la elaboración de estos documentos fue hecho a la medida de la empresa.
La demanda presentada por Thomas Greg & Sons contra el Gobierno colombiano, en relación con el proceso de licitación para la fabricación de pasaportes, ha tomado un nuevo rumbo.
César Palomino, director de la Agencia Jurídica del Estado, anunció que la entidad radicó un escrito de intervención en el que se oponen a las demandas de Thomas Greg & Sons.
“Nos oponemos a las peticiones de los demandantes y asumimos la defensa en favor del Ministerio de Relaciones Exteriores”, señaló Palomino.
La estrategia de defensa de la Agencia se centrará en demostrar que el pliego de condiciones del contrato, entregado a Thomas Greg y posteriormente declarado desierto por el excanciller Álvaro Leyva, incluía cláusulas ineficaces que habrían impedido una adjudicación objetiva del proceso licitatorio.
Según el concepto de la Agencia, el contrato fue diseñado específicamente para beneficiar a la empresa demandante.
El conflicto legal comenzó cuando Álvaro Leyva, entonces canciller, decidió suspender la licitación 001 de 2023, que tenía un valor de $600.000 millones de pesos y que habría extendido por tres años la participación de Thomas Greg & Sons en la elaboración de pasaportes.
Leyva argumentó que la licitación favorecía un monopolio, dado que Thomas Greg fue el único oferente en el proceso.
Aunque la Cancillería y Thomas Greg llegaron a un acuerdo reciente para que la empresa continúe con la producción de pasaportes, el proceso judicial sigue su curso.
Las dos partes no lograron conciliar sobre la demanda que busca una compensación de $120.000 millones de pesos. “Nosotros consideramos que el Estado no es responsable de pagar esta demanda… pero todo procedimiento tiene su riesgo”, puntualizó Palomino.
