Un grupo de organizaciones del sector salud, asociaciones de pacientes, gremios empresariales, centros académicos y exministros de Salud advirtió sobre los riesgos que tendría una eventual liquidación masiva y acelerada de las Entidades Promotoras de Salud (EPS), señalando que esta medida profundizaría la crisis del sistema y pondría en riesgo la atención de millones de pacientes en Colombia.
En un comunicado público titulado “Amenazar con liquidar EPS profundiza la crisis y aumenta los riesgos para pacientes y hospitales”, los firmantes sostienen que “liquidar las EPS sin un plan probado pone en riesgo inmediato la atención de millones de pacientes, especialmente aquellos con enfermedades crónicas, huérfanas y de alto costo”.
El pronunciamiento, fechado el 22 de enero de 2026, surge en medio de la discusión pública generada por las amenazas presidenciales de liquidar de manera generalizada y apresurada las EPS que se encuentran bajo medida de intervención. Según el documento, una decisión de este tipo podría desencadenar una crisis sin precedentes en el sistema de salud colombiano.
Las organizaciones señalan que, pese a sus dificultades, las EPS cumplen hoy funciones esenciales dentro del sistema, entre ellas la gestión del riesgo en salud, la organización de redes de prestación, la articulación entre niveles de atención, la continuidad de los tratamientos y el pago a miles de Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS). En ese sentido, advierten que eliminarlas de manera abrupta “generaría un vacío funcional inmediato que el Estado no está en capacidad de asumir”.
El comunicado subraya que actualmente no existe una entidad del orden nacional o regional con la capacidad operativa para asumir simultáneamente la administración, autorización, auditoría y pago de millones de servicios de salud en todo el país. De acuerdo con los firmantes, esta situación tendría impactos directos sobre los pacientes, en particular aquellos que requieren tratamientos continuos o de alto costo, y aumentaría los riesgos en la entrega de medicamentos, la realización de procedimientos vitales y la continuidad clínica.
En el plano financiero, el documento advierte que los efectos serían severos. Aunque los recursos de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) continuarían fluyendo, la desaparición abrupta de los pagadores organizados rompería la cadena de desembolsos. “Millones de ciudadanos y miles de hospitales y clínicas quedarían sin un interlocutor claro”, profundizando la crisis de liquidez, el cierre de servicios y el deterioro de las condiciones laborales del talento humano en salud.
Los firmantes también señalan que la crisis actual del sistema no se origina en la existencia de las EPS, sino en problemas estructurales como la insuficiencia de financiación, el incumplimiento de fallos y autos de la Corte Constitucional, deficiencias regulatorias, fallas en la supervisión y una creciente politización del debate.
En el comunicado se advierte además que “liquidar EPS de manera precipitada no constituye una reforma, sino un desmantelamiento muy riesgoso del sistema de salud”, y se insiste en que cualquier transformación responsable debe contar con aprobación legal previa, una transición gradual, modelos alternativos probados y suficiencia financiera garantizada.
Finalmente, el documento hace un llamado a bajar el tono del debate y rechaza los ataques personales y las descalificaciones. Según el texto, “los ataques personales, las ofensas y las acusaciones sin respaldo no son los caminos para solucionar los retos que el sistema de salud tiene”, y recalca que el derecho fundamental a la salud no puede ponerse en riesgo por decisiones improvisadas o carentes de sustento técnico.
El pronunciamiento fue suscrito por más de 40 organizaciones del sector salud, asociaciones de usuarios, gremios empresariales, centros académicos, así como por exministros y exviceministros de Salud, quienes concluyen que la salida a la crisis requiere diálogo, rigor técnico y responsabilidad institucional, bajo lo que denominaron el “Pacto por una Mejor Salud”.
