La activista venezolana Ana Karina García, directora de la fundación Juntos se Puede, denunció un nuevo hecho de violencia en contra de su equipo de trabajo en Bogotá. Según relató, su asistente fue víctima de un asalto la noche del miércoles 15 de octubre, a solo dos cuadras de su vivienda, en lo que calificó como un nuevo episodio dentro de una serie de hostigamientos que ha venido denunciando.
A través de su cuenta en X, García relató que la agresión ocurrió cuando dos personas, presuntamente de nacionalidad venezolana, interceptaron a su colaboradora y le preguntaron directamente si trabajaba con la fundación. “Tras su respuesta afirmativa, los sujetos procedieron a arrebatarle el teléfono celular de forma violenta”, escribió la activista, quien aseguró que la víctima se encuentra fuera de peligro.
La directora de Juntos se Puede señaló que este hecho no sería aislado, y mencionó que desde hace varias semanas ha notado comportamientos sospechosos en su entorno.
“Una camioneta con placas venezolanas ha sido vista vigilando de cerca tanto las inmediaciones de la fundación como las de mi residencia personal durante las mañanas”, aseguró García, al advertir que estos incidentes estarían dirigidos contra personas vinculadas al activismo por los derechos humanos en el exilio.
Ante esta situación, la activista solicitó apoyo de las autoridades colombianas, haciendo un llamado al presidente Gustavo Petro, a la Cancillería y a la Defensoría del Pueblo para que se activen medidas de protección.
El hecho se presenta pocos días después del atentado sicarial en contra del activista Yendri Velásquez y el asesor político Luis Peche, ocurrido el lunes 13 de octubre. Ambos habían denunciado amenazas previas de presuntos integrantes del grupo delictivo Tren de Aragua, quienes, según las víctimas, los habían advertido por su participación en actividades políticas y sociales relacionadas con la situación en Venezuela.
En declaraciones recientes, García aseguró que tanto Velásquez como Peche debieron cambiar de residencia por razones de seguridad. “Les dijeron que si seguían actuando en Colombia por la libertad de Venezuela, atentarían contra ellos. Incluso les enviaron la dirección de donde vivían”, afirmó.
La académica venezolana Ligia Bolívar, también exiliada en Colombia, se pronunció tras conocerse el caso y cuestionó la falta de medidas de protección. En redes sociales, respondió al presidente Petro, rechazando la idea de que las sanciones internacionales fueran la causa de la migración venezolana.
“Ni Yendri, ni Peche, ni yo, ni miles de perseguidos estamos en Colombia por las sanciones de Estados Unidos, sino por el apartheid político que impuso Maduro”, expresó Bolívar, quien reiteró la necesidad de garantizar condiciones de seguridad y refugio a los ciudadanos que han huido por persecución política.
Las autoridades colombianas no se han pronunciado oficialmente sobre la denuncia de García, mientras organizaciones de derechos humanos internacionales reiteraron la urgencia de reforzar los mecanismos de protección a defensores venezolanos que desarrollan su labor en territorio colombiano.
