Las declaraciones del presidente Gustavo Petro durante su más reciente alocución presidencial, en las que calificó al presidente del Grupo Keralty como “criminal” y lo señaló de financiar campañas políticas en Colombia, generaron una reacción inmediata en distintos sectores del sistema de salud.
Las afirmaciones del mandatario se suman a una serie de intervenciones desde la Casa de Nariño que han ido elevando el tono en contra de las Entidades Promotoras de Salud (EPS), especialmente las de capital extranjero.
Petro aseguró públicamente que el empresario español responsable de la casa matriz de Sanitas debe abandonar el país, tras acusarlo de desfalcar el sistema de salud y de protagonizar lo que denominó un “crimen de lesa humanidad”. Según el jefe de Estado, se trata de un desvío de recursos públicos que pone en riesgo la vida de los colombianos y, en sus palabras, “mata niños en masa en Colombia”.
A esta serie de afirmaciones se sumaron acusaciones sobre presunta financiación irregular de campañas políticas por parte de empresas extranjeras, lo que está prohibido por la legislación colombiana. Aunque no presentó pruebas durante su intervención, Petro anunció que pondrá el asunto en conocimiento del rey de España.
Ana María Vesga, presidenta de Acemi, calificó las declaraciones del mandatario como parte de un “delirio de intervención” durante una entrevista reciente. Vesga manifestó su preocupación por el uso político de una discusión que, a su juicio, debería estar guiada por criterios técnicos y datos verificables.
“Estamos sorprendidos del calibre de las palabras del Presidente. La discusión de la salud merece un diálogo sereno, un diálogo técnico, y no este tipo de puestas en escena que parecen una plataforma de campaña”, señaló Vesga. En su intervención, criticó que el Gobierno ignore los recientes hallazgos de la Contraloría, que evidencian deterioro financiero precisamente en las EPS intervenidas.
La dirigente gremial también cuestionó el manejo de la información que se presenta desde el Ejecutivo. Sostuvo que hay inconsistencias entre las cifras oficiales y los señalamientos del presidente, especialmente frente al estado financiero de las entidades que han sido intervenidas por la Superintendencia Nacional de Salud. Según Vesga, esas decisiones no han mejorado la calidad ni la cobertura del servicio, y el impacto ha sido adverso tanto para prestadores como para usuarios.
Además, reiteró que el valor de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) no ha sido ajustado de forma adecuada por el Gobierno, a pesar de las órdenes reiteradas de la Corte Constitucional. Esta insuficiencia presupuestal, según explicó, ha generado un desfase entre los ingresos del sistema y los costos reales de atención.
La falta de transparencia en la gestión de algunas EPS, como la Nueva EPS, fue otro de los puntos destacados por Vesga. Aseguró que sin información financiera clara, cualquier decisión gubernamental podría terminar profundizando la incertidumbre y deteriorando aún más la operación del sistema.
En su intervención televisada, Petro también lanzó ataques a otros actores institucionales. Arremetió contra el Banco de la República, varios medios de comunicación, e incluso miembros de su propio gabinete, lo que para algunos sectores políticos configura una estrategia de polarización más que un intento de solución a la crisis estructural que atraviesa el sistema de salud.
El mantadario reiteró que su Gobierno no tiene deudas con las EPS y defendió las intervenciones como mecanismos efectivos para reducir la carga financiera del sistema. Sin embargo, distintos informes técnicos y fallos judiciales han planteado dudas sobre la eficacia de estas medidas.
