El gremio de las EPS y las asociaciones de pacientes expresaron preocupación por la resolución del Ministerio de Salud que busca implementar un nuevo sistema de territorialización en la prestación de los servicios.
La medida, que se encuentra a la espera de una decisión del Consejo de Estado, aplicaría transformaciones que, según Acemi, equivalen a una modificación estructural del modelo actual de aseguramiento.
De acuerdo con la presidentE de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi), Ana María Vesga, la iniciativa impactaría directamente a cerca de tres millones de usuarios. “Esta resolución significa el cambio estructural del modelo de aseguramiento. Cerca de tres millones de colombianos perderían la libre elección de su EPS y serían reasignados de forma automática a otra entidad en su territorio”, indicó.
Vesga advirtió que esta redistribución podría generar interrupciones en tratamientos médicos y dificultades de acceso a servicios. “No sabemos si la EPS que reciba a esos pacientes garantizará la continuidad y la calidad de la atención. El riesgo es que haya fragmentación en el sistema”, señaló.
El proyecto del Ministerio de Salud contempla que el Estado determine qué EPS podrán operar en cada territorio, dependiendo de su tamaño y capacidad. Esto implicaría que en municipios pequeños podrían operar solo dos o tres entidades, mientras que en grandes ciudades la oferta podría ser mayor. Según Vesga, “quienes sean trasladados difícilmente podrán regresar a su EPS original, porque si fueron retirados es porque esa entidad ya no seguirá en el territorio”.
El debate se ha centrado en las consecuencias para los pacientes, especialmente para quienes padecen enfermedades huérfanas o de alto costo. Durante el Congreso sobre Enfermedades Raras, la asesora jurídica de la Federación Colombiana de Enfermedades Raras (Fecoer), Karen Narváez, explicó que las mayores quejas provienen por la falta de entrega oportuna de medicamentos.
“En las enfermedades raras los tratamientos no curan, pero son los que evitan que la enfermedad progrese. Cuando se interrumpe su suministro, los daños pueden ser irreversibles”, advirtió Narváez.
El presidente de Fecoer, Diego Fernando Gil Cardozo, señaló que el problema no solo radica en la logística, sino también en el déficit de los recursos del sistema. Según explicó, los presupuestos máximos recursos que cubren los tratamientos no financiados por la Unidad de Pago por Capitación (UPC) presentan un déficit significativo.
“Este año se asignaron $500.000 millones de pesos, pero las necesidades superan los 5 billones. Se han hecho ajustes, pero la asignación no está garantizada. Hemos solicitado tanto al Ministerio de Salud como al de Hacienda que aseguren los recursos”, afirmó Gil.
Fecoer también advirtió que los giros de estos presupuestos deben realizarse a más tardar el 15 de cada mes, pero actualmente no se está cumpliendo con este cronograma, lo que agrava la situación de pacientes con enfermedades de alta complejidad.
