El candidato presidencial de derecha, Abelardo De La Espriella, elevó una petición formal al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, así como al secretario de Guerra, Pete Hegseth, al secretario de Estado Marco Rubio y a la Embajada de EE. UU. en Bogotá, solicitando la imposición de un veto temporal a la compra de 17 aeronaves Saab gestionada por el actual gobierno colombiano.
De acuerdo con De La Espriella, esta operación, que incluye aeronaves equipadas con motores General Electric F414G, de fabricación estadounidense y esenciales para los Gripen JAS 39 E/F, debe ser suspendida mientras se da el relevo de gobierno en Colombia. El candidato planteó que solo después del 7 de agosto de 2026, cuando se posesione la próxima administración, debería revisarse el acuerdo con acompañamiento técnico del Departamento de Guerra de los Estados Unidos.
El propósito, señaló, es garantizar que el valor de cada aeronave y los compromisos industriales del contrato (offset) respondan realmente a los intereses estratégicos de Colombia. A su juicio, el país, como socio global de la OTAN y aliado de Estados Unidos en el hemisferio, debe asegurar que una compra militar de esta magnitud sea transparente, justificada y sujeta a estándares rigurosos de verificación internacional.
Según la solicitud enviada por el candidato, un veto temporal también serviría para evitar que el proceso electoral de 2026 pueda verse afectado por posibles irregularidades o influencias indebidas relacionadas con este contrato. De La Espriella sostuvo que, faltando solo nueve meses para el fin del gobierno del presidente Gustavo Petro, no se han explicado plenamente las razones financieras, técnicas o estratégicas que justificarían una compra de tal envergadura.
La propuesta del aspirante presidencial se produce en medio del debate nacional sobre la modernización de la Fuerza Aérea y la pertinencia de ejecutar una adquisición militar de alto costo en la fase final del actual gobierno. También coincide con crecientes cuestionamientos políticos sobre la necesidad de aplazar decisiones de largo impacto hasta que una nueva administración pueda evaluarlas con mayor independencia.
Hasta el momento, ni el Gobierno colombiano ni la Embajada de Estados Unidos en Bogotá han emitido comentarios sobre la petición. La discusión, sin embargo, ya empieza a ocupar un lugar central en el debate sobre defensa, transparencia y política exterior en vísperas del nuevo ciclo electoral.
