La Contraloría también detectó irregularidades ambientales en diez aeropuertos, con un daño fiscal superior a los $5.670 millones.
La seguridad aérea en Colombia enfrenta una crisis silenciosa pero crítica. Más de 20 aeropuertos presentan fallas técnicas que comprometen la navegación, el aterrizaje y la vigilancia aérea, según denunció la Asociación Colombiana de Controladores de Tránsito Aéreo (Acdecta). A esto se suma un informe de la Contraloría General que revela irregularidades ambientales en diez terminales, lo que pone en riesgo la salud pública y la operación segura de vuelos comerciales. El gremio exige una intervención urgente del Gobierno Nacional y auditorías internacionales para evitar una tragedia anunciada.
La denuncia fue elevada mediante una carta enviada al presidente Gustavo Petro, en la que Acdecta expone una “situación crítica” en la infraestructura aeronáutica del país. Los controladores advierten que desde septiembre de 2025 se han reportado fallas persistentes en sistemas esenciales como el ILS (Instrument Landing System), el AWOS (Automatic Weather Observation System), el VOR, el DME y el ADS-B, en aeropuertos como Bogotá, Cartagena, Cúcuta, Tumaco, Popayán, Montería, Barranquilla, Yopal, Quibdó y Pasto.
Además, se han detectado baches en pistas y calles de rodaje en terminales como Santa Marta, Valledupar, Villavicencio y Guaymaral, lo que representa un riesgo permanente para las operaciones aéreas. La falta de personal técnico y la gestión inadecuada del recurso humano agravan el panorama.
El principal documento que sustenta esta alerta es el informe técnico de Acdecta, respaldado por solicitudes de auditoría internacional conforme a los estándares de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI). El gremio propone una evaluación externa del estado real de los sistemas de navegación y aterrizaje, así como de los procedimientos operacionales.
Por otro lado, la Contraloría General de la República publicó una auditoría financiera en septiembre de 2025 que detectó un presunto detrimento patrimonial de $5.670 millones en la Aeronáutica Civil. El hallazgo se relaciona con contratos para el mantenimiento de sistemas de tratamiento de aguas en diez aeropuertos —entre ellos Florencia, Guaymaral, Leticia, Mariquita, Neiva, Pitalito, Puerto Asís, San Vicente y Villagarzón— sin contar con las licencias ambientales requeridas.
La falta de licencias implica que no hay control sobre la captación, suministro y descarga de aguas, lo que eleva los riesgos de contaminación, propagación de enfermedades y afectaciones ambientales. Además, la baja ejecución del Programa de Aeropuertos para Servicios Aéreos Esenciales (ASAES), con apenas un 2,31% de avance al cierre de 2024, agrava la situación en regiones apartadas.
El Ministerio de Trabajo anunció inspecciones simultáneas en todos los aeropuertos del país para revisar las condiciones laborales y técnicas de los controladores, mientras la Aerocivil insiste en que el sistema nacional cumple con los estándares internacionales.
