El exministro de Justicia y precandidato presidencial, Wilson Ruiz, anunció la ampliación de la denuncia que presentó el pasado 27 de mayo ante la Corte Penal Internacional (CPI) en La Haya contra el presidente Gustavo Petro.
El documento busca que se determine una posible responsabilidad del jefe de Estado por presunta omisión en crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad.
Ruiz adjuntó nuevas pruebas al expediente y cuestionó la reciente decisión de la Unidad Nacional de Protección (UNP) que redujo su esquema de seguridad, a pesar de las amenazas y antecedentes violentos que ha denunciado en los últimos años.
“Después de haber interpuesto la denuncia, fui notificado por la UNP de la disminución en mi esquema, sin que se tuvieran en cuenta los antecedentes de riesgo que han sido ampliamente documentados”, señaló en un comunicado público.
El exministro recordó que en noviembre de 2022 se frustró un intento de atentado en su contra en la ciudad de Cali, gracias a la intervención oportuna de su equipo de protección. Asimismo, mencionó un ataque con armas de fuego contra su hijo ocurrido en enero de 2023, cuando el vehículo en el que se movilizaba fue impactado por seis disparos.
Ruiz también citó el caso del senador Miguel Uribe Turbay, víctima de un atentado el 7 de junio de 2025, como ejemplo de lo que calificó como “desprotección sistemática por parte del Estado”. Según explicó, el congresista había presentado más de 20 solicitudes a la UNP para reforzar su esquema de seguridad, sin recibir respuesta efectiva por parte de la entidad.
En la ampliación de la denuncia ante la CPI, el exministro hizo referencia al acto público del presidente Petro en la Plaza de La Alpujarra en Medellín, donde compartió tarima con figuras señaladas por haber pertenecido a estructuras criminales del Valle de Aburrá. Según Ruiz, este tipo de escenarios representa una preocupación adicional frente a la legitimidad institucional y la relación del Gobierno con actores vinculados a la violencia.
Con la documentación presentada, el exfuncionario busca que se evalúe si ha existido una política de omisión por parte del Gobierno Nacional frente a hechos violentos que, en su criterio, podrían estar enmarcados en violaciones al Derecho Internacional Humanitario.
El proceso ante la Corte Penal Internacional avanza con base en las disposiciones del Estatuto de Roma, en el cual Colombia es Estado Parte. La CPI cuenta con competencia para investigar crímenes de guerra, de lesa humanidad y genocidio, cuando se considera que no hay voluntad o capacidad por parte del Estado para investigarlos de manera efectiva.
