Desde la Plaza de La Alpujarra de Medellín este 21 de junio, en el marco de la jornada “Un pacto por la Paz Urbana”, el presidente Gustavo Petro cedió la palabra a Jorge de Jesús Vallejo Alarcón, vocero de estructuras criminales con presencia en Antioquia y actualmente recluido en la cárcel de Itagüí.
Vallejo Alarcón, quien ha sido identificado como uno de los interlocutores en la mesa de diálogo que el Gobierno sostiene con cabecillas de grupos armados urbanos, advirtió que los avances del proceso se encuentran estancados. Señaló, ante los asistentes y frente al mandatario, que el Estado no ha tenido la capacidad suficiente para acompañar los compromisos adquiridos en el marco de estas negociaciones.
“Señor presidente, nos metimos en este diálogo de paz con esperanza y con seriedad. Hemos cumplido”, expresó Vallejo Alarcón, al tiempo que indicó que las estructuras representadas por él continúan a la espera de acciones concretas por parte del Ejecutivo.
El vocero también hizo referencia a la utilización de menores en acciones violentas, como el atentado ocurrido el pasado 7 de junio en Bogotá, en el que resultó gravemente herido el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. Según Vallejo, estos hechos dan cuenta de la necesidad de avanzar con urgencia en las conversaciones para mitigar los factores de violencia en los territorios urbanos.
“Con mucha preocupación, queremos decirle que el diálogo, a pesar de sus avances, atraviesa por un difícil momento. Ha faltado capacidad del Estado en acompañar esas transformaciones”, puntualizó el vocero ante el público reunido en el centro administrativo de Medellín.
La intervención se dio como parte del evento organizado por la Presidencia de la República para exponer los avances del proyecto de Paz Urbana, iniciativa del Gobierno que ha contemplado el diálogo con miembros de estructuras ilegales recluidos en centros carcelarios como estrategia para reducir la criminalidad en zonas urbanas.
Las declaraciones de Vallejo se suman a las diversas reacciones que ha generado la presencia de condenados por delitos graves en un evento público, trasladados desde la cárcel en vehículos oficiales del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) para participar en la jornada.
