Ante la Fiscalía General de la Nación fue radicada una solicitud por parte de la Red de Veedurías Ciudadanas, en representación de las víctimas del escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), para que se considere aplicar un principio de oportunidad a Sandra Ortiz, exconsejera presidencial para las Regiones.
La petición fue presentada el pasado lunes 19 de mayo por Pablo Bustos, presidente de la Red y apoderado judicial de víctimas pertenecientes a la comunidad Pororu, sector Murujuy, en La Guajira. En una comunicación enviada a la fiscal general Luz Adriana Camargo, con copia a las delegadas del caso y al magistrado Francisco Farfán de la Corte Suprema de Justicia, Bustos solicitó que se reevalúe la posibilidad de conceder este mecanismo procesal a Ortiz.
En la solicitud radicada, Bustos planteó que la negativa de la Fiscalía se dio sin que se hubieran contrastado previamente las declaraciones de Ortiz y afirmó que su colaboración podría ser determinante para esclarecer los hechos y aportar elementos relevantes a la investigación. También recalcó que Sandra Ortiz ocupaba un alto cargo dentro del Ejecutivo, lo que, a juicio de las víctimas, podría permitir acceder a detalles sustanciales del entramado.
La Red de Veedurías insiste en que se debe garantizar a las víctimas el acceso efectivo a la justicia y a la verdad, en un caso que ha involucrado a varios altos funcionarios del Gobierno, entre ellos el exdirector de la Ungrd, Olmedo López, y el subdirector Sneyder Pinilla.
Ortiz fue señalada por la Fiscalía como una de las personas implicadas en el esquema de corrupción que incluye el presunto desvío de recursos para la compra de carrotanques destinados al abastecimiento de agua en La Guajira.
Aunque Ortiz ha negado su participación directa en los hechos, ha manifestado su disposición a colaborar con las autoridades y entregar información sobre la estructura de corrupción. Sin embargo, la Fiscalía rechazó en primera instancia su ofrecimiento de colaboración, al no contemplar conceder inmunidad total frente a los delitos imputados.
Mientras que la Fiscalía no apeló la decisión de un juez especializado que negó el principio de oportunidad a López, Pinilla sí ha recibido este beneficio judicial por colaborar con los entes acusadores, con base en sus declaraciones que han comprometido a congresistas y exfuncionarios del Ejecutivo.
La solicitud también advierte que sin el testimonio de Ortiz, el proceso podría presentar debilidades en la sustentación de los cargos. Según se indicó en la carta, su testimonio sería clave en los casos que se tramitan en la Corte Suprema, especialmente en el proceso que se adelanta contra el senador Iván Name.
La Red de Veedurías concluyó su comunicación reiterando la importancia de que el proceso se mantenga en curso con todos los elementos probatorios posibles, y recalcó que el principio de oportunidad podría ser una herramienta para avanzar en la búsqueda de la verdad y en la reparación a las comunidades afectadas por las irregularidades en la Ungrd.
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