El martes 20 de mayo, en el marco de un cabildo abierto convocado por el Gobierno nacional en Barranquilla, surgió una controversia a nivel nacional tras la difusión de una imagen que mostraba a varios funcionarios y creadores de contenido digital descendiendo de un avión de la Policía Nacional.
La fotografía fue compartida por Moisés Ninco Daza, exembajador de Colombia en México, a través de sus redes sociales. En la imagen se le observa acompañado de otros colaboradores cercanos al Gobierno, entre ellos los influenciadores conocidos como Me dicen Willy y Celso Tete Crespo, descendiendo de una aeronave oficial con los emblemas visibles de la Policía Nacional.
La publicación provocó una serie de reacciones inmediatas tanto en redes sociales como en el ámbito político. Críticas de diversos sectores apuntaron al uso de recursos públicos para transportar personas que, según los opositores, no cumplirían funciones institucionales.
Una de las voces más críticas fue la de la senadora María Fernanda Cabal, del partido Centro Democrático, quien utilizó su cuenta en la red social X para cuestionar el hecho. “¿Cómo calificar el uso de aviones de la Policía Nacional para llevar a activistas de Petro y bodegueros cómo se llama? Plata para eso sí hay, pero no para educación, vivienda, salud”, escribió la congresista.
En ese mismo sentido se pronunció el concejal de Bogotá, Daniel Briceño, quien aseguró en la misma red social que el Ministerio del Interior paga anualmente más de cuatro mil quinientos millones de pesos por el arriendo de estas aeronaves. “$4.501.399.998 al año le paga el Ministerio del Interior a la Policía y la CIAC de arriendo de este y otros aviones para que terminen siendo los aviones privados de los bodegueros de Petro. La gente se mata pagando impuestos para que los malgasten así (sic)”, escribió Briceño.
Briceño agregó que varias entidades del Estado también estarían usando las aeronaves de la fuerza pública: “El Ministerio de Salud, el ICBF, el Fondo Colombia en Paz, el Ministerio de las Telecomunicaciones y el Ministerio de Minas también están usando los aviones de la Policía Antinarcóticos para transportar a ministros, funcionarios e invitados”.
El congresista del Centro Democrático, Hernán Cadavid, le pedirá explicaciones al Gobierno: “Hoy mismo solicitaremos al Ministerio de Defensa nos informe por qué razón están transportando a estos bodegueros difamadores en aviones oficiales. Van por el mundo destruyendo el nombre de todo lo que se les atraviese y encima los colombianos pagando sus viajes. No, señor”.
La difusión de estas imágenes y los mensajes asociados desencadenaron nuevas discusiones sobre el uso de bienes del Estado para actividades que han sido calificadas por algunos sectores como de carácter político. Las redes sociales se convirtieron en escenario de expresiones de inconformidad, muchas de ellas centradas en el manejo de los recursos públicos.
Petro anticipó una respuesta a través de su cuenta de X: “Nosotros no llevamos en las aeronaves oficiales (a) traquetos, sino periodistas”. Al parecer, se trataría de influenciadores afines al Gobierno nacional.
El episodio ha reavivado cuestionamientos sobre la necesidad de establecer límites y criterios claros en el uso de recursos del Estado, en medio de un contexto económico y social que ha sido señalado por distintos sectores como crítico.
Finalmente, la polémica continuó escalando cuando el mismo Ninco Daza volvió a publicar otra imagen desde su cuenta de Instagram, esta vez a través de las historias, en la que escribió: “A la derecha no le gusta esta foto …”, en aparente respuesta a las críticas recibidas.
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