El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela emitió un comunicado oficial en el que rechazó la designación impuesta por la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos (OFAC) contra el presidente colombiano Gustavo Petro Urrego, sus familiares y varios funcionarios del Gobierno de Colombia. Según el documento, estas acciones son calificadas como ilegales y contrarias al Derecho Internacional.
De acuerdo con el texto, Venezuela “rechaza de forma categórica la reciente designación impuesta por la OFAC de los Estados Unidos contra el Presidente Gustavo Petro Urrego, sus familiares, y otros funcionarios del Gobierno de Colombia, por tratarse de acciones ilegales, ilegítimas y de carácter neocolonial que violan el Derecho Internacional y la Carta de las Naciones Unidas”.
El comunicado sostiene que las denominadas medidas coercitivas unilaterales funcionan como mecanismos de presión política y que han sido cuestionadas en escenarios multilaterales. En ese sentido, señala que estas acciones son “mecanismos de agresión y presión política prohibidos por el sistema multilateral, condenadas por la Asamblea General de la ONU, el Consejo de Derechos Humanos y relatores especiales”.
Asimismo, el Gobierno venezolano asegura que estas decisiones buscarían generar un efecto de inestabilidad interna en Colombia. Según el texto, las medidas “buscan criminalizar al Presidente Gustavo Petro y promover la desestabilización interna en Colombia como parte de una estrategia de injerencia que pretende someter políticamente a los Estados independientes de la región”.
En una segunda parte del comunicado, Venezuela subraya que Petro sería el único mandatario colombiano que ha enfrentado directamente al narcotráfico y sus redes. “Venezuela subraya que el Presidente Petro es el único mandatario colombiano que ha enfrentado de manera directa al narcotráfico y a sus redes vinculadas con mafias políticas, incluidas estructuras con conexiones en centros de poder en los Estados Unidos”, indica el documento, argumentando que lo anterior evidencia un carácter retaliatorio en las medidas anunciadas.
El Gobierno venezolano también señala que estas designaciones presuntamente responderían a intereses de organizaciones ilícitas con alcance transnacional vinculadas a esferas de poder en Washington. En esa línea, afirma que las acciones parecerían responder “a los intereses de mafias transnacionales infiltradas en espacios de poder en Washington, antes que a una verdadera lucha contra las economías ilícitas”.
Finalmente, Venezuela exigió el cese inmediato de estas prácticas y convocó a otros países de la región a pronunciarse frente a este tipo de decisiones. El comunicado concluye haciendo un llamado a “defender la soberanía y la dignidad de nuestra región frente a toda forma de injerencia”.
