En las últimas horas, se conoció que Venezuela concretó el envío de un cargamento de petróleo crudo con destino a Israel, siendo este el primer despacho de este tipo hacia ese país desde el año 2020.
Dicha operación se produjo en medio de un reordenamiento de las exportaciones venezolanas, luego de que a comienzos de año fuerzas estadounidenses capturaran a Nicolás Maduro en operativo ampliamente cuestionado el pasado 3 de enero y la administración del presidente Donald Trump anunciara que asumiría la supervisión de las ventas internacionales de crudo del país.
Información divulgada en medios de comunicación especialziados, aseguraron que el cargamento fue dirigido al grupo israelí Bazan, principal refinador del país mediterráneo, también conocido como Oil Refineries Ltd.
Por otra parte, expertos señalaron que el acuerdo no fue anunciado oficialmente y que se manejó con reserva, en línea con la práctica habitual de Israel de no revelar públicamente el origen de su petróleo, sobre esto se ha conocido incluso que en algunos casos los buques que se aproximaban a sus puertos dejaban de transmitir su ubicación en los sistemas de rastreo marítimo.
Como se adelantó al inicio, el envío marcó el restablecimiento de un flujo comercial que permanecía suspendido desde mediados de 2020, cuando Israel recibió cerca de 470.000 barriles de crudo venezolano, según datos de la firma de monitoreo Kpler.
En este orden de ideas, la operación se dio en un contexto de cambios en el destino del petróleo venezolano, puesto que, durante los últimos años, una parte importante de la producción se dirigió al mercado chino, en medio de sanciones y restricciones internacionales.
Sin embargo, tras la decisión de Washington de tomar control de la comercialización externa, se registraron ventas a compradores en India, España y Estados Unidos, además del cargamento enviado a Israel.
Paralelamente, el gobierno estadounidense anunció nuevas medidas para flexibilizar ciertas restricciones sobre la industria energética venezolana. El Departamento del Tesoro autorizó transacciones vinculadas al suministro de equipos y servicios relacionados con la exploración y producción de petróleo y gas, así como determinadas operaciones portuarias, aeroportuarias y marítimas que involucraban a entidades estatales, incluida PDVSA.
En este escenario de mayor control y vigilancia, el Pentágono confirmó la captura del buque Aquila II, incluido en la lista de sanciones estadounidenses, de acuerdo al Departamento de Defensa, la embarcación fue interceptada tras haber evadido la cuarentena impuesta a buques vinculados con Venezuela.
El rastreo se extendió desde el mar Caribe hasta el océano Índico, donde finalmente fue abordada sin incidentes. Con ese caso, sumaron ocho los petroleros incautados desde que la Casa Blanca ordenó el bloqueo de embarcaciones sancionadas que zarparan desde o hacia Venezuela.
