a defensa del expresidente Álvaro Uribe rechazó las acusaciones del exministro Eduardo Montealegre, quien lo calificó como “criminal de guerra” y anunció acciones internacionales contra el fallo que lo absolvió.
El abogado Jaime Granados denunció una intromisión del Ejecutivo en la independencia judicial.
La renuncia irrevocable de Eduardo Montealegre al Ministerio de Justicia no solo sacudió al Gobierno, sino que reavivó una de las confrontaciones más intensas del escenario político y judicial colombiano. En su carta de salida, Montealegre calificó como “prevaricato” el fallo del Tribunal Superior de Bogotá que absolvió a Álvaro Uribe Vélez, y anunció que acudirá a instancias internacionales para buscar sanciones contra el exmandatario.
La defensa de Uribe, liderada por el abogado Jaime Enrique Granados Peña, respondió con un comunicado en el que rechaza las declaraciones del exministro, calificándolas como un “atentado contra la autonomía de la justicia” y una “intromisión indebida del poder Ejecutivo en procesos judiciales en curso”.
El comunicado plantea tres ejes principales:
- Intromisión institucional: Granados denunció que, además de las reiteradas intervenciones del presidente Gustavo Petro en el caso, ahora es el exministro de Justicia quien “atenta de forma grave contra la independencia de la administración de justicia”.
- Deslegitimación del fallo: La defensa acusa a Montealegre de intentar desviar la atención sobre los motivos reales de su salida del ministerio, lanzando señalamientos contra el Tribunal Superior de Bogotá, la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía General. Según Granados, estas acciones buscan “presionar a dichas autoridades ante la opinión pública para que actúen de determinada manera”.
- Interferencia del Gobierno: El abogado concluye que el Gobierno nacional estaría buscando intervenir en asuntos exclusivos de la rama judicial, lo que “atenta gravemente contra la independencia de la justicia”. Además, calificó las declaraciones de Montealegre como “falsas e injuriosas”, que reflejan su “catadura moral y estatura jurídica”.
En paralelo, la Procuraduría General de la Nación abrió una indagación preliminar contra Montealegre por presunta difusión de mensajes calumniosos e injuriosos, en los que habría promovido discursos de odio y desinformación durante un proceso judicial en el que figura como víctima. El Ministerio Público busca establecer si el exministro abusó de su investidura pública para atacar a críticos y presionar al sistema judicial.
Este nuevo episodio entre Uribe y Montealegre no solo refleja una disputa personal y política, sino que pone en evidencia las tensiones entre el Ejecutivo y el sistema judicial. La defensa del expresidente insiste en que el fallo absolutorio fue producto de un análisis “meticuloso y ponderado” de las pruebas, y que cualquier intento de deslegitimarlo representa una amenaza a la democracia y al Estado de Derecho.
