Tras las amenazas recibidas los afectados expresaron su respaldo a la Fiscalía General de la Nación y exigieron garantías de seguridad para los investigadores del caso.
También denunciaron ante la CIDH una campaña de desinformación.
Miguel Uribe Londoño, padre del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, junto con su familia y la firma Víctor Mosquera Marín Abogados, emitieron un comunicado conjunto en el que rechazan de manera categórica cualquier tipo de amenaza, persecución o acto de hostigamiento dirigido contra los fiscales y funcionarios judiciales que adelantan la investigación por el asesinato de Miguel Uribe Turbay.
“El doctor Miguel Uribe Londoño, su familia y esta firma jurídica continuarán colaborando con las autoridades de manera transparente, respetuosa y decidida, en defensa de la verdad, la justicia y la memoria de Miguel Uribe Turbay, cuyo legado y compromiso con Colombia permanecerán intactos frente a la violencia y la impunidad”, señala el comunicado.
La familia expresó su profundo reconocimiento y gratitud a la Fiscalía General de la Nación y a las autoridades competentes por su labor rigurosa, técnica y valiente, que ha permitido la captura y judicialización de ocho personas, identificadas como autores materiales del crimen que ha conmocionado a la sociedad colombiana.
Miguel Uribe Londoño, en su calidad de padre y precandidato presidencial, aseguró:
“Reitero mi plena confianza en las instituciones del Estado y en la independencia del sistema judicial colombiano, pilares del Estado Social de Derecho. Ninguna amenaza o intento de presión podrá desviar la búsqueda de verdad y justicia frente al magnicidio de mi hijo Miguel Uribe Turbay”.
El abogado Víctor Mosquera Marín denunció haber recibido amenazas de muerte a través de redes sociales, específicamente por Instagram, luego de asumir la defensa de la familia Uribe Turbay. La Fiscalía abrió una investigación prioritaria sobre estos hechos, mientras la firma jurídica presentó una denuncia formal ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por lo que consideran una campaña de desinformación y revictimización.
La familia también ha solicitado medidas de protección para los fiscales encargados del caso, ante el riesgo que representa la presión política y mediática sobre el proceso judicial.
El comunicado concluye con un llamado a la defensa de las instituciones democráticas del país, señalando que el asesinato de Miguel Uribe Turbay constituye un crimen de lesa humanidad por su carácter sistemático, su motivación política y su impacto contra la vida, la dignidad y la estabilidad de una familia y de las instituciones democráticas de Colombia.
