El Consejo Nacional Electoral abrió una investigación preliminar para determinar si el expresidente incurre en inhabilidad constitucional. Uribe fue condenado en primera instancia por soborno y fraude procesal.
El expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez enfrenta una nueva controversia política y judicial. El Consejo Nacional Electoral (CNE) abrió una investigación preliminar sobre su posible inscripción como candidato al Senado en las elecciones legislativas del 8 de marzo de 2026, tras recibir una denuncia que cuestiona su elegibilidad. La medida busca establecer si Uribe incurre en una inhabilidad constitucional, derivada de una sentencia judicial en primera instancia que lo condenó a 12 años de prisión domiciliaria por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal.
La investigación fue ordenada por el magistrado Altus Alejandro Baquero Rueda, mediante el Auto CNE-E-DG-2025-021541, fechado el 8 de octubre. El documento señala que se revisará si Uribe vulnera el Artículo 179 de la Constitución Política, que prohíbe a personas condenadas a pena privativa de la libertad —excepto por delitos políticos o culposos— aspirar al Congreso.
La denuncia fue presentada por el ciudadano Inder Alonso Ramírez Pérez, quien solicitó la revocatoria de la inscripción de Uribe, argumentando que su condena lo inhabilita para ejercer cargos públicos. Aunque la sentencia aún no está en firme —la defensa apeló ante el Tribunal Superior de Bogotá, que decidirá el próximo 21 de octubre— el CNE decidió iniciar el proceso para garantizar transparencia y legalidad en el proceso electoral.
Uribe tiene diez días hábiles desde la notificación oficial para presentar sus argumentos y ejercer su derecho de defensa. El CNE también ordenó recopilar toda la documentación relacionada con su inscripción, incluidos los formularios E-6 y E-8, y publicar la actuación administrativa en sus canales oficiales.
Álvaro Uribe, presidente entre 2002 y 2010, renunció al Senado en 2020 en medio de investigaciones judiciales. En junio de 2025, fue condenado por la jueza Sandra Heredia en el llamado “juicio del siglo”, convirtiéndose en el primer expresidente colombiano condenado penalmente. La sentencia también lo inhabilita para ejercer funciones públicas por más de ocho años.
Pese a ello, Uribe anunció en septiembre su intención de regresar al Congreso como cabeza de lista del Centro Democrático, lo que ha generado fuertes reacciones en el ámbito político y jurídico. La decisión del CNE podría alterar la estrategia electoral del partido y sentar un precedente sobre la aplicación de inhabilidades constitucionales a líderes políticos de alto perfil.
La investigación contra Álvaro Uribe por su candidatura al Senado abre un nuevo capítulo en la relación entre justicia y política en Colombia. Mientras el país se prepara para las elecciones de 2026, el caso pone a prueba la independencia de las instituciones y la vigencia de las normas constitucionales frente a figuras históricas del poder.
