Un reciente decreto del Gobierno Nacional ha generado una fuerte polémica en el país. La norma, firmada por el presidente Gustavo Petro y su equipo económico, establece que la retención en la fuente del impuesto de renta de las empresas correspondiente al año 2026 se empezará a cobrar de forma anticipada a partir de este jueves 29 de mayo de 2025. La medida busca un recaudo adicional estimado en 14 billones de pesos, según cálculos de Fedesarrollo.
Este decreto ha sido interpretado por diversos sectores como una reforma tributaria encubierta, debido a su impacto fiscal y al hecho de que no fue tramitado por el Congreso. Las críticas no se han hecho esperar, particularmente por parte de figuras de la oposición como el expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien cuestionó duramente el objetivo y las implicaciones del decreto.
“El decreto para anticipar 7 billones de pesos en impuestos es otra indicación de que el Gobierno quiere el exterminio del sector privado para sostener su derroche y abultada nómina burocrática”, expresó el exmandatario a través de su cuenta en X.
Uribe señaló además que la decisión del Ejecutivo va en contravía del discurso oficial que ha defendido los derechos de los trabajadores, al advertir que una mayor carga sobre los empresarios dificultaría el mantenimiento y la creación de empleos. “Con los empleadores asfixiados no habrá manera de mejorar la situación de los trabajadores”, agregó.
Un debate que se intensifica
La disposición legal ha encendido las alarmas en gremios empresariales y centros de análisis económico. Aunque el Gobierno no ha presentado oficialmente este decreto como una reforma tributaria, sus efectos en el flujo de caja de las empresas y su carácter obligatorio inmediato han llevado a múltiples analistas a equiparar su impacto al de una modificación estructural del sistema tributario.
Hasta el momento, el Ministerio de Hacienda no ha emitido una explicación detallada sobre los criterios técnicos detrás de la medida ni sobre los sectores empresariales más afectados. Se espera que en los próximos días se generen pronunciamientos adicionales desde el Ejecutivo, los gremios y el Congreso.
Desde varios sectores ya se anunció que este decreto será demandado ante el Consejo de Estado.
