La Universidad Nacional de Colombia informó la implementación de un conjunto de medidas orientadas a reforzar la seguridad en su sede de Bogotá, tras los recientes hechos de violencia ocurridos dentro y fuera del campus en las últimas semanas.
La institución rechazó los disturbios atribuidos a algunos miembros del movimiento “Congreso de los Pueblos”, en los que resultó afectado personal de la fuerza pública. De acuerdo con la vicerrectora de la sede Bogotá, Carolina Jiménez Martín, aunque las manifestaciones persisten, el número de enfrentamientos ha disminuido frente a años anteriores.
Según los registros de la universidad, mientras en 2024 se reportaron 45 intervenciones del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), en lo que va del presente año se han presentado 26. Jiménez explicó que esta reducción responde al trabajo interno adelantado a través del programa “Caminos del Cuidado”, con el cual buscan fomentar actividades pedagógicas y culturales los días jueves, cuando suelen registrarse las confrontaciones.
Entre las medidas anunciadas se encuentra la creación de una mesa interinstitucional que integrará a la Universidad Nacional, la Alcaldía de Bogotá y representantes del Ministerio Público. Este espacio tendrá la función de coordinar acciones conjuntas para atender de manera oportuna las situaciones de seguridad que se presenten en el entorno universitario.
La universidad también informó que fortalecerá los espacios de diálogo y los programas de formación en convivencia y ética. De igual manera, realizará una revisión y actualización de los protocolos institucionales para mejorar la respuesta ante eventuales emergencias o alteraciones del orden.
En cuanto al ingreso de la fuerza pública durante manifestaciones, la vicerrectora reiteró que la institución mantiene su decisión de no permitirlo, argumentando que podría poner en riesgo la integridad de los estudiantes y demás miembros de la comunidad educativa. Jiménez insistió en que, en los recientes disturbios, el uso de gases lacrimógenos por parte de las autoridades ha afectado el desarrollo de las actividades académicas dentro del campus.
Además, señaló que la Universidad avanza en un proceso de licitación pública para la renovación del contrato de seguridad. En este participan nueve grupos proponentes y más de treinta empresas asociadas, con el objetivo de reforzar el esquema de vigilancia y control en todas las sedes del país.
Con estas disposiciones, la Universidad Nacional busca fortalecer la convivencia interna y coordinar con las autoridades mecanismos que permitan garantizar la seguridad de su comunidad, mientras continúa rechazando los actos violentos registrados en los últimos días.
