El millonario acuerdo para seguridad privada en las sedes de la institución genera alertas por presuntas irregularidades.
La Contraloría pidió información detallada del proceso tras denuncias de cambios en actas y falta de transparencia.
La Universidad Nacional de Colombia adjudicó un contrato por 70 mil millones de pesos para la prestación del servicio integral de vigilancia y seguridad privada en sus sedes, en medio de cuestionamientos por presuntas irregularidades en el proceso. La Contraloría General solicitó a la institución entregar documentación completa sobre la licitación, luego de denuncias que apuntan a modificaciones no informadas en el acta de cierre y posibles vulneraciones a los principios de transparencia y libre concurrencia.
El contrato, considerado uno de los más altos en la historia reciente de la universidad, busca garantizar la seguridad en las nueve sedes de la institución, incluyendo Bogotá, Medellín, Manizales y Palmira. Sin embargo, el proceso ha estado bajo la lupa de los entes de control desde su apertura, debido a que se habría publicado en fechas atípicas y con condiciones que limitaron la participación de oferentes.
Según la Contraloría Delegada para el Sector Educación, existen indicios de anomalías que podrían configurar escenarios de favorecimiento a determinados contratistas. Entre las irregularidades denunciadas se encuentran cambios en el acta de cierre sin notificación a los proponentes, ajustes en puntajes y modificaciones en documentos de soporte. El organismo pidió a la universidad remitir, en un plazo máximo de dos días, las actas de cierre, criterios de asignación, pólizas de seriedad y correos electrónicos relacionados con el proceso.
El rector Leopoldo Múnera defendió la legalidad del procedimiento, asegurando que se cumplió con las normas internas de contratación. No obstante, representantes profesoral y sindicatos han advertido que la convocatoria se realizó en condiciones que redujeron la competencia, lo que podría vulnerar los principios establecidos en la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007.
Este caso se suma a antecedentes recientes: en febrero, la universidad declaró desierta una licitación por 98 mil millones de pesos para el mismo servicio, tras denuncias por falta de transparencia y ausencia de pluralidad de oferentes. En esa ocasión, solo una unión temporal presentó propuesta, lo que encendió las alarmas sobre posibles direccionamientos.
La adjudicación actual, aunque por un monto menor, mantiene el debate sobre la necesidad de fortalecer los mecanismos de control en la contratación pública universitaria. Expertos advierten que la falta de publicidad en plataformas como SECOP II y la rapidez en los plazos son factores que aumentan el riesgo de corrupción.
La Contraloría anunció que evaluará la información solicitada para determinar si procede una investigación formal. De confirmarse irregularidades, el caso podría derivar en sanciones administrativas y disciplinarias para los responsables.
