Las víctimas de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) en La Guajira solicitaron formalmente a la fiscal Luz Adriana Camargo que se imputen cargos y prisión preventiva a tres exfuncionarios públicos.
Estos funcionarios son aquellos quienes habrían incurrido en cinco delitos relacionados con el desvío de recursos destinados a comunidades vulnerables.
La petición se centra en la presunta responsabilidad de Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre); César Augusto Manrique, exdirector de la Función Pública; y Gerardo Vega, exdirector de la Agencia Nacional de Tierras (ANT).
Los delitos mencionados incluyen concierto para delinquir agravado, peculado por apropiación agravado, falsedad ideológica en documento público, falsedad en documento privado y otros relacionados con la celebración irregular de contratos.
Según la Fiscalía, el esquema de corrupción implicó a Luis Carlos Barreto Gantiva, subdirector de Conocimiento de la UNGRD, y César Augusto Manrique, quienes jugaron roles claves en la manipulación de fondos para proyectos destinados a mejorar la infraestructura y servicios básicos en La Guajira.
La investigación revela que la modificación del convenio entre el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (FNGRD) y la ANT, en 2023, permitió redirigir 100.000 millones de pesos destinados a proyectos sociales hacia empresarios cercanos a los implicados.
Los recursos desviados fueron utilizados para financiar contratos fraudulentos para obras como plantas desalinizadoras y pozos subterráneos, beneficiando a empresarios a cambio de coimas, según las pruebas recabadas por la Fiscalía.
El esquema de corrupción, según la entidad, resultó en un peculado a favor de terceros, con ganancias ilícitas distribuidas entre los funcionarios involucrados.
La defensa de las comunidades afectadas por la crisis en La Guajira ha subrayado que este desvío de fondos no solo afectó la destinación de recursos para proyectos de vital importancia, sino que también perpetuó la vulnerabilidad de una región que enfrenta graves problemas humanitarios.
Los abogados de las víctimas han pedido que los responsables enfrenten las consecuencias legales y que los recursos sean recuperados para beneficiar a las comunidades que realmente los necesitan.
