El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, confirmó desde la Cumbre Cafetera en Cartagena que en noviembre se emitirá un decreto para recortar $33 billones del Presupuesto Nacional.
Este drástico ajuste responde a las dificultades en el recaudo que han impedido alcanzar las cifras proyectadas, situación que ya había motivado una suspensión parcial del presupuesto en mayo por $20 billones.
“En el mes de mayo, ustedes recordarán, se hizo una suspensión del presupuesto, dado que se empezó a encontrar que las cifras de recaudo esperadas no coincidieron con las reales. Hoy ya sabemos que efectivamente ese recaudo no se va a conseguir”, declaró Bonilla.
Con esto, el decreto de suspensión de mayo debe transformarse en un recorte efectivo de $33 billones, que, según el ministro, será oficial antes de terminar el mes.
El ministro también enfatizó que el alcance del recorte dependerá del avance del proyecto de Ley de Financiamiento, pues la disponibilidad de recursos determinará qué sectores y programas podrán seguir recibiendo apoyo presupuestario.
“Estamos esperando el trámite del proyecto de Ley de Financiamiento para saber qué queda financiado y qué no queda financiado”, añadió Bonilla.
Ejecución presupuestaria de 2024 en cifras
En cuanto al presupuesto de 2024, Bonilla indicó que este ya tiene un compromiso del 72%, con un 63% ejecutado y un 61% pagado.
La diferencia entre compromiso y ejecución, explicó, se debe principalmente a los aspectos relacionados con inversión, donde las complejidades administrativas y dinámicas del presupuesto generan desfases entre lo comprometido y lo efectivamente ejecutado.
Aunque Bonilla no especificó en qué áreas se concentrará el recorte, el impacto podría ser considerable para programas de inversión pública y sectores prioritarios.
Las cifras actuales de ejecución reflejan un reto de optimización de recursos en un contexto en el que la administración deberá tomar decisiones complejas para evitar paralizaciones en proyectos esenciales.
La decisión del MinHacienda plantea preguntas sobre la sostenibilidad fiscal del país, especialmente en un año en el que la presión de deuda y el gasto social ya están al límite.
