Dos tripulantes —uno colombiano y otro ecuatoriano— fueron devueltos a sus países tras una operación militar estadounidense que dejó dos muertos. Trump calificó el hecho como “acto de guerra” contra el narcotráfico.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este sábado 18 de octubre la repatriación de dos sobrevivientes del ataque militar contra un presunto narcosubmarino en aguas del Caribe. La embarcación, que según inteligencia estadounidense transportaba fentanilo y otras drogas ilegales, fue interceptada por fuerzas militares cerca de la costa venezolana. El operativo dejó dos muertos y dos sobrevivientes, quienes fueron trasladados a un navío de la Armada y posteriormente enviados a Colombia y Ecuador, sus países de origen.
El ataque, ocurrido el 14 de octubre, fue el sexto operativo militar conocido contra embarcaciones de este tipo desde septiembre. A diferencia de los anteriores, esta vez hubo sobrevivientes. Trump celebró la acción en su red social Truth, afirmando: “Fue un gran honor destruir un enorme submarino narcotraficante que navegaba hacia Estados Unidos por una conocida ruta de tránsito del narcotráfico”.
El mandatario aseguró que los dos sobrevivientes serían repatriados para ser detenidos y juzgados en sus países, evitando así definir su estatus legal dentro del sistema judicial estadounidense. Esta decisión ha generado controversia entre expertos en derecho internacional, quienes cuestionan la legalidad de la operación y la ausencia de garantías judiciales para los sobrevivientes.
La embarcación atacada era un narcosubmarino artesanal, diseñado para transportar hasta tres toneladas de droga sin ser detectado. Aunque Trump acusó a Venezuela de facilitar el tráfico de drogas hacia EE. UU., no presentó pruebas concluyentes sobre la nacionalidad de los tripulantes ni sobre la carga exacta del submarino. Además, la repatriación directa sin juicio ha sido calificada por algunos analistas como una acción extrajudicial.
Por su parte, algunos expertos y analistas, así como dirigentes políticos han reaccionado a este acto así:
- Gobierno de Venezuela: calificó el ataque como una “agresión directa” y advirtió que podría declarar el estado de emergencia. Acusó a EE. UU. de violar la soberanía regional y de utilizar el combate al narcotráfico como excusa para una escalada militar en el Caribe.
- Organizaciones de derechos humanos: han expresado preocupación por la falta de transparencia y garantías judiciales. Señalan que la repatriación sin juicio podría violar el derecho internacional humanitario, especialmente si los sobrevivientes son considerados “combatientes” en una supuesta guerra contra el narcotráfico.
- Analistas regionales: advierten que la ofensiva militar de EE. UU. —que incluye más de 10.000 efectivos, destructores, submarinos nucleares y bombarderos B-52— podría tensar aún más las relaciones diplomáticas en América Latina. La autorización de operaciones encubiertas de la CIA en territorio venezolano ha sido especialmente polémica.
Este operativo se enmarca en una escalada militar en el Caribe, donde EE. UU. ha desplegado más de 10.000 efectivos, destructores, submarinos nucleares, aviones F-35 y bombarderos B-52. La administración Trump ha intensificado su ofensiva contra los cárteles de drogas vinculados a Venezuela, como el Tren de Aragua y el Cártel de los Soles, y ha autorizado incluso operaciones encubiertas de la CIA en territorio venezolano.
