El pasado miércoles 4 de junio, el presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, firmó una proclamación oficial en la que anunció la restricción total o parcial del ingreso al país para ciudadanos de 19 naciones. La medida, que entrará en vigor el próximo 9 de junio, fue justificada bajo consideraciones de seguridad nacional, lucha contra el terrorismo y control migratorio.
Según lo expuesto por el mandatario, varios países continúan presentando deficiencias en sus sistemas de verificación y cooperación en materia de intercambio de información, lo que impide a las autoridades estadounidenses llevar a cabo procesos de evaluación migratoria confiables.
En ese contexto, el presidente explicó que, tras recibir recomendaciones del Departamento de Estado, del Departamento de Seguridad Nacional y de otras agencias de inteligencia, se tomó la decisión de impedir la entrada de ciudadanos de ciertas nacionalidades cuya admisión, según la proclamación, sería perjudicial para los intereses de Estados Unidos.
La medida contempla la prohibición total de ingreso tanto para inmigrantes como para no inmigrantes provenientes de Afganistán, Birmania, Chad, República del Congo, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Haití, Irán, Libia, Somalia, Sudán y Yemen.
También se aplicarán restricciones parciales para nacionales de Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leona, Togo, Turkmenistán y Venezuela. Si bien se distingue entre diferentes tipos de restricciones, en todos los casos se advierte un incremento de los controles migratorios.
Durante el anuncio, Trump afirmó, “No los queremos”, al referirse a los ciudadanos de los países incluidos en la lista, al tiempo que citó el reciente ataque ocurrido en Colorado como parte del contexto que justifica la decisión.
Entre las excepciones previstas se encuentran ciertos atletas que viajan por eventos deportivos internacionales, algunos nacionales afganos con condiciones especiales, y personas con doble ciudadanía, siempre que una de ellas pertenezca a un país no afectado por la restricción.
La proclamación forma parte de las promesas de campaña del presidente Trump en 2024, y diversos sectores anticipan que podría enfrentar impugnaciones legales en los próximos días.
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