El Tribunal Supremo de Estados Unidos invalidó la mayor parte de los aranceles globales aprobados por el presidente Donald Trump al considerar que el mandatario se extralimitó al invocar una ley de poderes de emergencia para imponerlos sin autorización expresa del Congreso.
La decisión se adoptó luego de que se tuvieran seis votos a favor contra tres en contra, en este sentido, la mayoría del alto tribunal concluyó que la Constitución atribuía al Congreso la potestad de establecer impuestos y gravámenes, incluidos los aranceles, y que la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), aprobada en 1977, no otorgaba al presidente una facultad ilimitada para fijarlos de manera unilateral.
El fallo afectó tanto a los llamados aranceles “recíprocos” anunciados en abril para casi todos los socios comerciales de Estados Unidos como a los gravámenes específicos aplicados a importaciones procedentes de China, Canadá y México, que la Casa Blanca había justificado supuestamente por motivos vinculados al tráfico de fentanilo.
Pero, no hubo pronunciamiento frente a otros aranceles sectoriales aprobados mediante mecanismos legales distintos, de igual forma, la Corte dejó en manos de instancias inferiores la resolución sobre eventuales reembolsos a empresas importadoras.
Las devoluciones podrían alcanzar hasta $170.000 millones de dólares, una cifra equivalente a más de la mitad de lo recaudado bajo esos gravámenes, según estimaciones citadas en el proceso.
Un dato que refleja la magnitud de este tipo de impuestos es que en 2025, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza había ingresado más de $250.000 millones de dólares en derechos de aduana, de los cuales aproximadamente la mitad correspondía a aranceles impuestos al amparo de la IEEPA.
Como se dijo al inicio, tres magistrados cuyos nombre son: Clarence Thomas, Samuel Alito y Brett Kavanaugh, estuvieron en contra de la decisión, mencionando que el eventual proceso de devolución podría convertirse en un “desastre” administrativo.
La sentencia representó hasta el momento, el más grande revés judicial para Trump desde su regreso a la Casa Blanca y golpeó el eje central de su política económica y comercial. El Presidente había defendido reiteradamente que podía recurrir a poderes de emergencia para corregir lo que calificaba como un déficit comercial persistente y para reforzar la seguridad nacional. Tras conocerse el fallo, reaccionó con dureza y lo calificó de “vergüenza”, aunque aseguró que su administración disponía de alternativas legales.
Por su parte, la Casa Blanca adelantó que estudiaba otras vías normativas para restablecer aranceles, entre ellas disposiciones de la Ley de Comercio de 1962, aunque estas herramientas contemplaban limitaciones en alcance y duración.
El litigio había sido impulsado por empresas afectadas y por una docena de estados, en su mayoría gobernados por demócratas, que cuestionaron el uso sin precedentes de la ley de emergencia para establecer impuestos a las importaciones, así mismo, Tribunales inferiores ya habían señalado que la IEEPA no mencionaba expresamente la facultad de imponer aranceles
El fallo también tuvo repercusiones internacionales, puesto que la Comisión Europea indicó que analizaba la decisión y al tiempo reiteró su apuesta por una relación comercial estable y previsible, mientras dijo que mantenía contactos con Washington para aclarar los pasos a seguir.
