En la audiencia reservada celebrada el 2 de abril de 2024 en el Tribunal Superior de Bogotá, se legalizaron nuevas pruebas dentro del proceso contra Carlos Ramón González.
Durante la diligencia, se discutió la notificación del 5 de marzo, firmada por el magistrado Jaime Andrés Velasco, que autorizó a la Fiscalía para adelantar trabajos de Policía Judicial con el propósito de establecer si existen méritos suficientes para imputar cargos al exfuncionario por el delito de tráfico de influencias de servidor público.
Según conoció Blu Radio, el documento permitió rastrear movimientos migratorios, cuentas bancarias y transferencias, además de solicitar información a la Presidencia sobre la existencia de cámaras de seguridad y grabaciones en la Casa de Nariño.
Estos registros habrían servido para verificar el testimonio de Olmedo López, quien afirmó que sostuvo reuniones con Carlos Ramón González en la Casa de Nariño en un encuentro denominado «El Cónclave», donde supuestamente se direccionaron contratos a congresistas.
Sin embargo, en la audiencia se reveló que, a casi un mes de emitida la orden judicial, la Presidencia aún no ha entregado el material probatorio solicitado por la Fiscalía, específicamente los registros de seguridad de la Casa de Nariño. La información requerida incluye:
- Consulta sobre la existencia de cámaras en el salón de antesala al Consejo de Ministros, la oficina del director del DAPRE y otras áreas del Palacio de Nariño.
- En caso de existir, copia de los videos en los que se registren reuniones entre Carlos Ramón González Merchán, Olmedo de Jesús López Martínez, Sandra Liliana Ortiz Nova y otros funcionarios entre el 18 de septiembre y el 11 de diciembre de 2023.
Asimismo, se confirmó que la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) tampoco ha entregado la documentación requerida sobre Carlos Ramón González, que comprende:
- Registro Único Tributario (RUT) histórico desde su inscripción hasta diciembre de 2024.
- Declaraciones de renta, IVA y retención en la fuente, así como sus correcciones o certificaciones en caso de no haberlas presentado.
- Información exógena tributaria y cambiaria en formato Excel, tanto la reportada por él como la informada por terceros.
- Resoluciones de facturación en formato PDF y reporte de facturación electrónica en formato Excel.
- Certificación de las personas que firmaron sus declaraciones como contribuyentes, representantes legales, contadores o revisores fiscales.
- Identificación de posibles procesos de normalización tributaria, activos omitidos en el país o en el exterior, y deudas inexistentes.
- Reporte de operaciones sospechosas.
El magistrado Dagoberto Hernández Peña, quien presidió la audiencia, concluyó la sesión concediendo una prórroga a la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia para que las entidades correspondientes entreguen la documentación solicitada. La extensión del plazo comenzará a contar desde el 4 de abril de 2025.
El Tribunal también precisó que la representación de víctimas en La Guajira tiene la facultad de acudir a las instancias que considere pertinentes si estima que se ha configurado alguna falta disciplinaria por parte de la DIAN o la Presidencia de la República.
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