El Tribunal Administrativo de Santander ordenó la suspensión provisional de la tasa de seguridad que estaba proyectada para comenzar a cobrarse en los recibos de energía eléctrica a partir del mes de septiembre en los estratos 4, 5 y 6 del departamento.
La medida, que había sido aprobada por la Asamblea Departamental, fue objeto de una demanda de nulidad interpuesta por el congresista santandereano Cristián Avendaño, quien solicitó al alto tribunal una medida cautelar para frenar el recaudo mientras se revisaba la legalidad de la ordenanza.
Según lo explicado por Avendaño, en el trámite de aprobación de la iniciativa habrían existido presuntos vicios procedimentales. “El Tribunal nos da la razón. Se cometieron errores, hubo modificaciones sobre la marcha, no había claridad sobre el destino de los recursos ni certeza en la inversión”, señaló el representante.
La decisión judicial implica que, por ahora, el cobro adicional no será aplicado en las facturas de energía de los hogares clasificados en esos estratos socioeconómicos, mientras se avanza en el análisis del caso.
La creación de esta tasa de seguridad fue impulsada por el gobernador de Santander, Juvenal Díaz, como una estrategia para reforzar la seguridad en el departamento. Según lo manifestado por el mandatario en declaraciones previas, la medida surgió ante la reducción de presupuesto nacional destinado a ese sector.
Díaz ha asegurado que sostuvo diálogos con empresarios, ciudadanos y representantes de gremios económicos, quienes, según sus declaraciones, expresaron respaldo a la iniciativa. Hasta el momento, el gobernador no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre la decisión del Tribunal Administrativo.
Con esta suspensión provisional, el cobro quedará en pausa mientras el Tribunal analiza a fondo los argumentos jurídicos presentados en la demanda. El proceso busca determinar si la ordenanza aprobada por la Asamblea Departamental cumple con los requisitos legales o si debe ser anulada definitivamente.
Por ahora, el recaudo previsto no será implementado y se mantiene la expectativa sobre el desarrollo del litigio ante el alto tribunal de la jurisdicción contencioso-administrativa en Santander.
