El Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó a la Alcaldía Mayor de Bogotá y a la Alcaldía Local de Santa Fe adelantar de manera inmediata acciones para recuperar el espacio público en San Victorino.
La decisión se produjo tras resolver una apelación presentada por entidades distritales y por la Policía Metropolitana, en busca de aclarar el alcance de un fallo previo que advertía sobre una ocupación persistente en esta zona céntrica.
El despacho confirmó que las pruebas recopiladas demuestran una afectación sostenida del espacio público, reflejada en la ocupación de andenes, bloqueos de accesos a establecimientos y uso irregular de áreas destinadas a la circulación de peatones.
De acuerdo con el Tribunal, las acciones realizadas por las autoridades distritales no han respondido a la dimensión del fenómeno, pese a operativos, actividades de sensibilización y mesas de trabajo adelantadas en los últimos meses.
La sentencia recuerda que la responsabilidad de preservar, proteger y recuperar el espacio público recae directamente en los alcaldes, en cumplimiento de la Constitución y de normas como el Decreto Ley 1421 de 1993. A partir de esta directriz, el Tribunal insistió en que las autoridades deben garantizar intervenciones proporcionales a la magnitud de la ocupación informal comprobada en San Victorino.
El fallo establece un plazo máximo de un año, contado desde su ejecutoria, para ejecutar las acciones de recuperación. Asimismo, ordena que la Alcaldía Local de Santa Fe, el Dadep y el Ipes implementen, dentro de los dos meses siguientes, un sistema interno que permita identificar a las personas vinculadas a sus programas y generar propuestas de trabajo formal dirigidas a vendedores estacionarios, semiestacionarios y ambulantes. Estas medidas deberán ajustarse al procedimiento establecido en el Decreto Distrital 098 de 2004.
El Tribunal reiteró también la obligatoriedad de cumplir los lineamientos de la sentencia C-211 de 2017 de la Corte Constitucional, la cual condiciona cualquier proceso de recuperación del espacio público a la existencia de alternativas reales de reubicación y formalización para quienes desarrollan actividades informales.
En esa línea, señaló que no son suficientes los operativos esporádicos ni las intervenciones temporales, y que las entidades distritales deben estructurar políticas claras orientadas a una recuperación sostenible de la zona.
Sobre el papel de la Policía Metropolitana de Bogotá, la decisión indica que la institución continuará apoyando los operativos y medidas de control, aunque no tiene competencia para diseñar o implementar políticas de reubicación. Su articulación con la Alcaldía Local, el Dadep y el Ipes será necesaria para cumplir los parámetros señalados por el Tribunal.
El caso tuvo origen en una acción popular presentada por un ciudadano que denunció la ocupación del espacio público y la falta de una estrategia integral para atender esta problemática. Al revisar los elementos del expediente, el Tribunal concluyó que persiste un deterioro progresivo en San Victorino y que la respuesta institucional ha sido insuficiente para garantizar el derecho colectivo al uso y disfrute de estas áreas.
