Un tribunal federal de apelaciones en Estados Unidos decidió este miércoles mantener la suspensión temporal de las deportaciones de migrantes venezolanos bajo la Ley de Enemigos Extranjeros, una normativa de tiempos de guerra de 1798 que el gobierno de Donald Trump intentó utilizar en el marco de su política migratoria.
El fallo, emitido por el Tribunal de Apelaciones del Circuito del Distrito de Columbia, contó con dos votos a favor y uno en contra. La decisión sostiene que los migrantes venezolanos afectados por la medida probablemente tengan éxito en sus argumentos sobre la falta de debido proceso en su expulsión. La juez Patricia A. Millett subrayó en su opinión que la estrategia del gobierno niega a los demandantes «siquiera un hilo del debido proceso».
El caso ha generado una fuerte controversia debido a que la Ley de Enemigos Extranjeros solo ha sido invocada en contadas ocasiones en la historia de Estados Unidos, todas ellas en contextos de guerra declarada. Sin embargo, la administración Trump intentó aplicarla para deportar a migrantes acusados de pertenecer a la banda criminal Tren de Aragua sin necesidad de una audiencia judicial previa.
El fallo mantiene la restricción temporal impuesta previamente por el juez James Boasberg, quien determinó que el gobierno no podía realizar expulsiones sin garantizar derechos procesales básicos. La administración Trump apeló la decisión, pero el tribunal ratificó la medida, argumentando que la deportación inmediata podría causar un daño irreparable a los afectados.
Uno de los puntos más polémicos del caso es el acuerdo entre Estados Unidos y El Salvador para trasladar a los migrantes venezolanos a una prisión de máxima seguridad en territorio salvadoreño. Este pacto, respaldado por el presidente Nayib Bukele, fue denunciado por organizaciones de derechos humanos, que aseguran que los deportados no han tenido oportunidad de demostrar su inocencia y que algunos fueron seleccionados arbitrariamente, basándose en características como sus tatuajes.
El gobierno de Trump, por su parte, ha defendido su estrategia, argumentando que se trata de una medida necesaria para la seguridad nacional. Sin embargo, la juez Millett cuestionó la legalidad de la acción, comparándola con precedentes históricos en los que incluso prisioneros de guerra recibieron mayores garantías procesales.
El juez, Justin Walker, nombrado por Trump, argumentó que la demanda debió presentarse en Texas, donde los migrantes fueron detenidos, y no en Washington. También advirtió que la intervención judicial podría afectar negociaciones diplomáticas en curso.
Por ahora, la medida cautelar seguirá vigente mientras el tribunal evalúa más a fondo los argumentos legales. La administración Trump podría intentar nuevas acciones para desbloquear las deportaciones, pero este fallo representa un obstáculo significativo para sus planes de endurecer las políticas migratorias mediante el uso de leyes de guerra en tiempos de paz.
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