El Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió una demanda de acción de cumplimiento presentada por el ciudadano Samuel Alejandro Ortiz Mancipe contra la Presidencia de la República y el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre).
La acción busca que ambas entidades cesen la transmisión pública de las sesiones de los Consejos de Ministros, argumentando que vulneran la Ley 63 de 1923, la cual establece el carácter reservado de estas reuniones.
Según el demandante, la difusión de estos encuentros podría afectar la confidencialidad de los debates entre los miembros del gabinete y limitar la libertad de expresión durante las deliberaciones.
En la resolución judicial, el tribunal detalló: “Samuel Alejandro Ortiz Mancipe promueve el medio de control de cumplimiento contra el Presidente de la República, Gustavo Petro Urrego y el Dapre. En ese sentido, les exige que cumplan el artículo 901 de la Ley 63 de 1923 y, como resultado de ello, se abstengan de incurrir en actos que violen la reserva de los Consejos de Ministros”.
La Sección Primera del tribunal, a través de un auto firmado por el magistrado Fabio Iván Afanador García, determinó que la demanda cumple con los requisitos legales establecidos en la Ley 393 de 1997, lo que permitió su admisión.
El tribunal también ordenó notificar a la Presidencia y al Dapre, concediéndoles un plazo de tres días para presentar pruebas y remitir antecedentes administrativos sobre el caso.
Otras denuncias contra las transmisiones
Esta no es la única acción legal emprendida en contra de las transmisiones de los Consejos de Ministros. La senadora María Fernanda Cabal ha manifestado su rechazo a esta práctica, calificándola de “show televisado” y argumentando que contraviene la reserva legal de estas reuniones.
Asimismo, se han presentado tres denuncias ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. Una de ellas fue radicada por el representante José Jaime Uscátegui, quien señaló que la divulgación de información sobre seguridad nacional podría constituir una violación de la ley por revelación de secretos de Estado.
Otra denuncia fue interpuesta por el congresista Juan Espinal, quien solicitó investigar no solo al presidente Petro, sino también a los ministros, advirtiendo que la difusión de información reservada podría tener consecuencias para el país.
El abogado Santiago Suárez también presentó una acción legal en la que pidió examinar si la Presidencia ha incumplido normas sobre la reserva de información tratada en los Consejos de Ministros.
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