El Tribunal Superior Militar y Policial informó que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca dejó en firme los nombramientos de tres magistrados de esa corporación, tras negar las pretensiones de una demanda que buscaba la nulidad del decreto mediante el cual fueron designados.
De acuerdo con el Comunicado de Prensa No. 001, fechado en Bogotá el 17 de febrero de 2026, el Tribunal Superior Militar y Policial dio a conocer que la Sección Primera – Subsección B del Tribunal Administrativo de Cundinamarca profirió sentencia el 29 de enero de 2026. La decisión quedó ejecutoriada el pasado 11 de febrero, con lo cual adquirió firmeza jurídica.
La demanda que fue objeto de estudio reclamaba la nulidad del Decreto 0700 del 10 de mayo de 2023, acto administrativo con el que se efectuaron los nombramientos del coronel Gustavo Alberto Suárez Dávila, el coronel José Mauricio Lara Ángel y la coronel (RA) Paola Liliana Zuluaga Suárez como magistrados del Tribunal Superior Militar y Policial.
Según el comunicado, el Tribunal Administrativo negó las pretensiones de la demanda, lo que implica que el decreto demandado mantiene su validez. En consecuencia, se ratifica la legalidad del acto administrativo que formalizó las designaciones.
El pronunciamiento judicial, de acuerdo con lo informado por el Tribunal Superior Militar y Policial, “impartió legalidad al acto administrativo en mención, garantizando el ejercicio de la actividad judicial en la colegiatura castrense de los funcionarios en referencia”. De esta manera, se asegura la continuidad en el ejercicio de las funciones por parte de los magistrados designados.
Los funcionarios fueron nombrados para un periodo de ocho años, el cual se extiende hasta mayo de 2031, conforme a lo establecido en el Decreto 0700 de 2023. La decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca permite que el periodo continúe en los términos inicialmente previstos.
El comunicado fue emitido bajo el número 001 y divulgado desde Bogotá. En él se precisa que la sentencia quedó ejecutoriada el 11 de febrero de 2026, cerrando así la discusión jurídica planteada en torno a la legalidad de los nombramientos.
Con esta determinación, tal y como indicaron, el Tribunal Superior Militar y Policial mantiene su conformación actual en lo relacionado con los magistrados mencionados, luego de que la jurisdicción contencioso administrativa negara la solicitud de nulidad del acto que formalizó sus designaciones.
