El calendario es el principal enemigo de las reformas gubernamentales que corren para lograr ser aprobadas en el Congreso de la República.
El número 20 es el número que el Gobierno quisiera que estuviera más lejos, y es que el 20 de junio finaliza la legislatura y lo que no este aprobado a esa fecha se hundirá.
La maquinaria del Gobierno está trabajando arduamente para que incluso se voten las reformas sin haber sido resueltas las recusaciones en la Comisión de Ética de la Cámara.
Además, en el legislativo se deben tramitar las reformas de Gustavo Petro, hay otras iniciativas legislativas que, si no se tramitan, se hunden.
Los intereses del Gobierno están en la reforma pensional, laboral y la ley Estatutaria de Educación.
En la Plenaria de la Cámara se tramita el último debate de la reforma pensional, un trámite sembrado de dificultades por las recusaciones e impedimentos que han dilatado su discusión, además de la sombra que pesa sobre el Presidente de la Corporación que ha sido nombrado como un presunto beneficiario de un soborno de los dineros corruptos de la UNGRD, para facilitar la aprobación de las iniciativas reformistas del Gobierno.
En la Comisión Séptima de la Cámara, está en el primer debate la reforma laboral en su segundo intento en el legislativo, ya se han aprobado algunos artículos que trazan cuestiones individuales, pero aún falta el grueso de la iniciativa, que es necesario que se apruebe el primer debate para que siga su curso en la próxima legislatura, pero también la fecha clave será el 20 de junio.
La Ley Estatutaria de Educación estaba prácticamente concertada, la oposición, la bancada del Pacto Histórico en la Comisión Séptima del Senado y la ministra de Educación, habían llegado a un acuerdo para que el proyecto de ley obtuviera su último debate y se fuera a conciliación, pero se le atravesaron varios palos en la rueda.
El primer inconveniente se generó dentro de la misma bancada de Gobierno, sus representantes a la Cámara no están de acuerdo con lo acordado en el Senado.
Luego el poderoso Fecode, se ha declarado en paro y los niños sin clase, en protesta por la reforma, pidiendo que se retire, lo que implicaría que la más adelantada iniciativa se hunda.
Los maestros se fueron a las calles, argumentando que se introdujeron enmiendas que perjudican la educación pública y a ellos mismos, como son los criterios de evaluación de los docentes.
La oposición ha indicado que si la reforma se hunde es culpa del Gobierno, e indicaron que, si el Gobierno no se pronuncia, radicarán la ponencia con el texto enmendado que es el actual centro de la discusión.
El reloj corre y al Gobierno se le acaba el tiempo.
