La Unidad Nacional de Protección (UNP) rechazó las declaraciones del gobernador del Guaviare, Yeison Rojas, quien aseguró que la entidad no ha atendido las solicitudes de seguridad presentadas por los líderes y funcionarios de ese departamento, tras el atentado contra el alcalde de Calamar, Farid Camilo Castaño.
El hecho ocurrido en la madrugada del pasado 14 de octubre de 2025 volvió a poner en evidencia la situación de riesgo que enfrentan los mandatarios locales, especialmente en zonas donde operan grupos armados ilegales como las disidencias de las Farc.
Ante las afirmaciones del gobernador, la UNP emitió un comunicado oficial en el que aclaró el procedimiento que se sigue para la evaluación y asignación de medidas de protección a funcionarios públicos. Según la entidad, las decisiones no dependen de una sola institución, sino de un comité interinstitucional integrado por representantes de la UNP, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa y la Policía Nacional.
La UNP también explicó que la Policía Nacional es la encargada de realizar los estudios técnicos de riesgo para gobernadores y alcaldes, basados en las condiciones de orden público de cada región. Dichos estudios son luego evaluados por el comité interinstitucional, que determina las medidas de seguridad apropiadas según el nivel de riesgo identificado.
“Es de recordar que es la Policía Nacional la que realiza los estudios de nivel de riesgo a alcaldes y gobernadores. Ese estudio técnico pasa al comité interinstitucional para la recomendación de medidas en concordancia con el nivel de riesgo establecido”, puntualizó la entidad.
En su pronunciamiento, la UNP aseguró que tanto el gobernador Yeison Rojas como el alcalde Farid Camilo Castaño cuentan con esquemas de protección robustos, acordes con la situación de violencia que se vive en el Guaviare.
Sin embargo, las declaraciones del alcalde Castaño contrastan con lo expresado por la entidad. El mandatario de Calamar señaló que las amenazas que ha recibido desde que asumió el cargo no han sido tomadas con la seriedad necesaria por las autoridades.
“Venimos recibiendo amenazas desde el primer momento que asumimos el rol como alcaldes, y nos pasó a todos los colegas del departamento. Desde el primer día somos objeto de riesgo, y hoy lo que se ve es la materialización de esas amenazas que muchas entidades no creían ni veían con seriedad”, expresó el alcalde tras el atentado.
El caso ha reavivado el debate sobre la eficacia de los esquemas de seguridad en zonas con presencia de actores armados ilegales y la necesidad de fortalecer los mecanismos de protección para los líderes locales que, como en el caso de Calamar, enfrentan un riesgo constante por su labor institucional.
