Este martes 13 de mayo comienza en el Senado de la República el trámite legislativo para decidir si se aprueba o no la consulta popular propuesta por el presidente Gustavo Petro.
Esta iniciativa busca refrendar parte de la reforma laboral que fue archivada en marzo pasado en esa misma corporación. De acuerdo con el balance actual, las posturas dentro del Congreso se encuentran divididas.
Según las cuentas, el oficialismo cuenta con 47 votos a favor, mientras que la oposición ha reunido 46 en contra. La diferencia se concentra en un grupo de 11 senadores, uno de los cuales ya anunció su retiro voluntario del debate, por lo que la decisión quedará en manos de 9 congresistas aún indecisos.
Estos votos claves pertenecen, en su mayoría, a senadores de los partidos Liberal y de la U, quienes podrían votar en contra de la posición oficial de sus colectividades si finalmente respaldan la iniciativa presidencial.
El Partido Liberal, que cuenta con 13 senadores, se encuentra dividido. Según algunos congresistas, cuatro de sus integrantes han manifestado abiertamente su rechazo: Miguel Ángel Pinto, Mauricio Gómez, Juan Pablo Gallo y Lorena Ríos.
Sin embargo, siete senadores liberales han respaldado proyectos del Gobierno en el pasado, lo que deja abierta la posibilidad de apoyo. La postura de tres legisladores de esa bancada aún no ha sido confirmada.
Por su parte, los partidos Conservador, Centro Democrático y Cambio Radical han reiterado su rechazo a la convocatoria. El Centro Democrático, con 12 senadores, mantiene una oposición unánime.
Cambio Radical tiene 11 curules; nueve de sus senadores ya definieron su negativa a la propuesta. Los otros dos, Temístocles Ortega y Ana María Castañeda, no han revelado su postura, aunque han sido relacionados con posiciones cercanas al Ejecutivo en el pasado.
El Partido Conservador, con 15 senadores, cuenta con 12 votos en contra. No obstante, el Gobierno espera el respaldo de tres miembros de esa bancada: Carlos Trujillo, Liliana Benavides y Miguel Barreto, quienes han tenido afinidades previas con las iniciativas del presidente.
El bloque que respalda la consulta está compuesto por el Pacto Histórico y casi toda la bancada del Partido Alianza Verde, con excepciones como la de la representante Katherine Miranda, según declaraciones recientes en entrevistas.
El director del Partido Liberal, César Gaviria, manifestó su desacuerdo con la consulta, cuestionando el gasto público asociado a su implementación y señalando el contexto de crisis fiscal. En caso de ser aprobada, la consulta no implica una votación directa sobre el contenido de la reforma, sino sobre la autorización para que el pueblo colombiano decida si se lleva a cabo el mecanismo de participación.
La Corte Constitucional tendrá que revisar la pregunta propuesta por el Ejecutivo. De avanzar el proceso, el Gobierno tendrá la responsabilidad de garantizar condiciones de transparencia, pedagogía y legitimidad.
El trámite legislativo se desarrolla en medio de un ambiente político polarizado, en el cual la consulta popular aparece como un punto de inflexión en la relación entre el Ejecutivo y el Congreso. El resultado de esta votación definirá no solo la viabilidad del mecanismo propuesto, sino también la correlación de fuerzas en el Legislativo.
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