La empresa Thomas Greg & Sons anunció el retiro de la demanda interpuesta contra la Nación por un monto cercano a los $120 mil millones de pesos, luego de alcanzar un acuerdo con el Ministerio de Relaciones Exteriores que le adjudicó nuevamente la fabricación y personalización de pasaportes.
La demanda había sido presentada tras la decisión del entonces ministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leyva, de declarar desierta la licitación pública 001 de 2023, lo que generó una controversia en torno a la contratación del servicio de expedición de pasaportes.
En un comunicado oficial, la Unión Temporal Pasaportes 2023, conformada por Thomas Greg & Sons, indicó que su interés siempre ha sido garantizar la continuidad del servicio con los estándares de calidad que han caracterizado su operación durante más de cuatro décadas. Asimismo, la empresa señaló que la acción legal buscaba inicialmente asegurar la ejecución del contrato que había sido objeto de disputa.
El Ministerio de Relaciones Exteriores decidió adjudicar el contrato a la misma Unión Temporal para garantizar la prestación del servicio, lo que llevó a la empresa a desistir de su reclamación judicial.
«Teniendo en cuenta que los contratos se han venido ejecutando de manera satisfactoria, la Unión Temporal considera que su pretensión principal ha sido resarcida en un punto aceptable», se indicó en el comunicado.
Con esta decisión, la compañía puso fin al proceso judicial contra la Nación y aclaró que el Ministerio de Relaciones Exteriores no comparte necesariamente su visión corporativa.
Este desenlace se da en el contexto de la sanción impuesta a Álvaro Leyva por la Procuraduría General de la Nación, que lo inhabilitó por 10 años para ejercer cargos públicos debido a presuntas irregularidades en la licitación de pasaportes. Según el ente de control, el exministro habría incurrido en una falta gravísima al desconocer los principios de transparencia, economía y responsabilidad en el proceso de contratación.
La Procuraduría determinó que Leyva tomó la decisión de declarar desierta la licitación sin fundamentos técnicos, jurídicos o fácticos suficientes, además de decretar una urgencia manifiesta sin la debida justificación legal.
Leyva argumentó en su momento que la licitación favorecía a la empresa Thomas Greg & Sons, que ha gestionado la expedición de pasaportes en el país por casi 20 años. Sin embargo, la Procuraduría concluyó que su actuación no se ajustó a los principios de la contratación estatal.
Con el retiro de la demanda por parte de Thomas Greg & Sons y la resolución del conflicto contractual, el proceso de adjudicación de la fabricación y personalización de pasaportes parece haber concluido.
¡Conéctese con IFMNOTICIAS! Síganos en nuestros canales digitales y active las notificaciones. @ifmnoticias en Instagram, X, Facebook, YouTube y Dailymotion.
