La Corte Constitucional enfrenta una nueva controversia interna en medio del proceso de revisión de la reforma pensional. El magistrado Héctor Carvajal envió una carta a la Sala Plena en la que cuestiona el manejo que su colega y presidente del tribunal, Jorge Enrique Ibáñez, ha dado a la recusación presentada en su contra por la senadora Paloma Valencia.
En el documento, Carvajal expresó inconformidad por lo que considera irregularidades en el trámite del recurso que le impide participar en la discusión sobre la constitucionalidad de la reforma. El magistrado sostiene que el proceso desconoce normas del debido procedimiento y principios como la buena fe, la transparencia y la imparcialidad que, según él, deben regir las decisiones del alto tribunal.
La recusación contra Carvajal fue presentada debido a su vínculo previo con Colpensiones, entidad con la que tuvo relación contractual antes de su llegada a la Corte. Ibáñez, quien es el magistrado ponente de la demanda interpuesta por la senadora Valencia contra la ley, requirió a Colpensiones información sobre la participación del ahora magistrado en conceptos y proyectos relacionados con la reforma, argumentando falta de documentación completa y certificada.
Carvajal manifestó que la revisión de su caso “no tiene precedentes” dentro del tribunal, pues se habrían introducido nuevas etapas procesales no previstas en la ley, como la verificación técnica de pruebas o la fijación de plazos adicionales para la entrega de documentos. Aseguró que esas actuaciones podrían implicar una intervención excesiva del Magistrado ponente, al punto de asumir funciones propias de las partes involucradas.
El Magistrado recusado insistió en que los documentos cuestionados son auténticos y que no es necesario exigir pruebas adicionales, dado que fueron elaborados por él en su condición de funcionario público y que su autenticidad ha sido reconocida. También criticó que se desconozca la validez probatoria de las copias simples, recordando que, salvo tacha de falsedad, deben presumirse válidas en virtud del principio de buena fe.
Esta situación se desarrolla mientras la Sala Plena de la Corte se prepara para debatir este 13 de noviembre el futuro de la recusación que mantiene en pausa la participación de Carvajal en la revisión de la reforma pensional.
La discusión coincide con la suspensión temporal de la Ley 2381 de 2024, que contiene la reforma impulsada por el gobierno de Gustavo Petro. La medida fue adoptada por el alto tribunal mediante el Auto 841 de 2025, en el que se argumentaron posibles irregularidades en el trámite legislativo.
Pese a la suspensión general, siguen vigentes el artículo 12, que regula aspectos transitorios, y el artículo 76, que establece la “ventana de oportunidad” para que trabajadores próximos a pensionarse puedan trasladarse de régimen hasta el 16 de julio de 2026. Mientras la Corte define el futuro de la ley, el debate interno en el tribunal refleja la complejidad jurídica y política que rodea a una de las reformas más relevantes del actual gobierno.
