En medio de las movilizaciones convocadas en todo el país y en paralelo al debate legislativo sobre la reforma laboral, el pronunciamiento de distintos sectores ha puesto en evidencia divergencias sobre el alcance y respaldo de las protestas. Desde la Cámara Colombo Americana, su presidenta ejecutiva, María Claudia Lacouture, reafirmó el respeto institucional por la manifestación pacífica, pero advirtió sobre los riesgos de que estas acciones vulneren otros derechos fundamentales.
«Desde AmChamCol respetamos el derecho a la protesta y a la movilización pacífica como expresión legítima en democracia. Sin embargo, es fundamental que su ejercicio no vulnere las libertades de quienes no participan, en particular los derechos a la movilidad, al trabajo y a decidir libremente si sumarse o no, sin presiones», afirmó Lacouture.
La dirigente gremial hizo además un llamado enfático a que el tratamiento de la reforma laboral se dé por las vías del diálogo y la concertación, sin imposiciones ni interferencias: «En el momento en que el Congreso de la República discute una Reforma Laboral para el país, hacemos un llamado a que se privilegie el diálogo y la concertación como vías legítimas para alcanzar acuerdos. Estas decisiones deben de darse sin imposiciones ni tensiones externas, buscando siempre responder a las necesidades y aspiraciones de todos los colombianos sin afectar la productividad ni el bienestar de la población”.
En respuesta, el presidente Gustavo Petro emitió un mensaje directo donde ratificó el derecho a la movilización por parte de los trabajadores, al tiempo que hizo un llamado a la responsabilidad de todas las partes involucradas: «Los patrones tienen el deber de no perseguir a los trabajadores de su empresa que libremente decidan movilizarse y protestar el día de hoy y mañana y las personas que deciden ejercer su derecho a la protesta pacífica tienen el deber de no agredir a la fuerza pública ni afectar bienes públicos o privados. El gobierno garantiza el derecho a huelga sin afectar servicios esenciales y en paz, como ordena la constitución».
No obstante, a medida que avanzaban las movilizaciones, el mandatario buscó desligarse del papel del Gobierno en la organización de las protestas. A través de una declaración pública, rechazó versiones que apuntaban a una convocatoria institucional desde la Casa de Nariño: «El paro es convocado por las centrales obreras y la coordinadora popular. Dejen de desinformar».
