Ante la persistencia de hechos violentos en la subregión del Suroeste del departamento, cinco organizaciones de derechos humanos donde se incluyen a la Corporación para la Vida Mujeres que Crean, la Corporación Vamos Mujer, la Corporación Conciudadanía, la Corporación Jurídica Libertad y el Instituto Popular de Capacitación (IPC) presentaron el “Informe sobre Derechos Humanos del Suroeste Antioqueño, 2025”.
En este documento, además de hacerse una radiografía sobre el estado de los derechos humanos en los municipios de esta zona, se busca alertar sobre la situación actual en la región y proponer recomendaciones para proteger a los diferentes liderazgos, así como a las comunidades expuestas.
El informe, en un inicio, describe la situación de violencia que enfrentan habitantes de municipios rurales, con especial atención a mujeres, niñas, niños, adolescentes y comunidades étnicas. Según el documento, los hechos recientes reflejan un aumento en la violencia armada, desplazamientos forzados y violaciones a los derechos fundamentales.
Entre los objetivos del informe se destacan la alerta temprana sobre riesgos y amenazas, la documentación de violaciones de derechos humanos y la propuesta de medidas y recomendaciones dirigidas a autoridades locales, nacionales y organismos internacionales.
Por lo cual, las organizaciones enfatizan la necesidad de políticas públicas que garanticen la protección de las comunidades, así como la reparación integral a quienes han sido afectados por el conflicto y la violencia.
El reporte está basado en información recolectada por las cinco instituciones, así como en registros oficiales de la Policía Nacional, el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ) y denuncias comunitarias. Las organizaciones mencionaron que la intención es visibilizar la magnitud de los riesgos, así como promover la cooperación interinstitucional y fortalecer los mecanismos de defensa de los derechos humanos en la región.
Entre las conclusiones y recomendaciones realizadas en el informe de 25 páginas se mencionó que hay un recrudecimiento de la violencia homicida en el presente año que es impulsado por la ofensiva territorial estratégica de las AGC (Clan del Golfo) en focos específicos.
Algo que se ha demostrado en lo que nombran como “una dramática escalada en la violencia homicida”, donde incluso se han superado en cifras de homicidios y otros hechos violentos durante los primeros 8 meses del año en comparación a los registrados en el mismo periodo del año 2024.
En este sentido, se expresó que con corte al 30 de agosto de 2025, se han presentaron 253 homicidios, una cifra que excedió el total de 245 casos de todo 2024.
Dicho aumento, aseveran, se concentra principalmente en la provincia de San Juan y, específicamente, en los municipios de Andes (con 50 casos que representan un aumento del 150 % respecto a 2024) y Betulia (con 29 casos que representan un aumento del 163.6 %).
De acuerdo al informe, dicho patrón violento es resultado de la ofensiva del Bloque Edwin Román Vásquez de las AGC (Clan del Golfo) para someter o aniquilar estructuras como La Terraza – San Pablo, buscando establecer la “hegemonía de la ilegalidad” en las cuatro zonas del Suroeste.
Por lo cual mencionan que es urgente que las diferentes entidades estatales e instituciones gubernamentales establezcan de inmediato un plan de seguridad y protección de choque, focalizado en las zonas rurales y veredas limítrofes de Andes y Betulia, que, aseguran, son el epicentro de la confrontación más cruenta, en la cual articulen la presencia efectiva de la fuerza pública con el fortalecimiento de la institucionalidad y se mitigue el riesgo de desplazamiento forzado y masacres derivadas de la disputa.
Por otra parte, mencionan que el conflicto armado ilegal se ha reconfigurado estratégicamente para priorizar la apropiación de las rentas de la minería a gran escala.
Por lo cual expresan que el principal factor de riesgo en el Suroeste no se limita solo a la disputa por el microtráfico y la extorsión, sino que ahora incluye también la minería y el control de yacimientos auríferos y de veta de oro y cobre a gran escala.
En este sentido, dicen que la extracción ilegal de oro se ha incrementado en municipios como Tarso, Venecia y Urrao, con decomisos de maquinaria que demuestran la actividad delictiva asociada al interés extractivista.
Por otra parte, llaman la atención sobre la instrumentalización de la violencia basada en género es una estrategia sistemática de ocupación territorial y control social, que afecta de manera diferenciada a mujeres, niñas y adolescentes, siendo un tipo de violencia donde se da una estrategia sistemática de control que facilita la ocupación subjetiva del territorio y refuerza estructuras funcionales al despojo.
Sobre esto, declaran que las cifras de delitos sexuales se dispararon significativamente entre 2024 y 2025, donde se registrando 419 casos hasta septiembre de 2025, siendo las niñas y menores de 14 años las víctimas de mayor porcentaje en actos sexuales y acceso carnal abusivo.
Otro aspecto sobre el que llamaron la atención fue la exposición a la violencia paramilitar y a la criminalización judicial de los defensores del territorio que se oponen al extractivismo minero.
Así mismo, mencionan que quienes defienden la vocación agrícola del Suroeste frente a la pretensión de minería subterránea, particularmente contra el proyecto Quebradona de Anglo Gold Ashanti en Jericó y Támesis, son objeto de estigmatización, amenazas directas por actores armados ilegales y la utilización del sistema de justicia como herramienta de represión.
Finalmente, también hicieron un llamado sobre el uso de la población de niños, niñas y adolescentes (NNA) por bandas criminales, asegurando que este grupo son una de las poblaciones más vulnerables, siendo activamente instrumentalizados por estructuras criminales como las AGC y La Oficina de Andes, que buscan cooptarlos para el consumo, el comercio de estupefacientes, el sicariato y la explotación sexual, erosionando la autoridad legítima y las normas sociales.
