Mientras la atención internacional se concentra en conflictos como el de Rusia y Ucrania, la guerra en Sudán continúa desarrollándose con escasa cobertura y un alarmante costo humano.
Desde el 15 de abril de 2023, enfrentamientos entre las Fuerzas Armadas de Sudán y las Fuerzas de Apoyo Rápido han devastado el país, iniciando en Jartum, la capital, y extendiéndose rápidamente a regiones como Darfur, Kordofán del Norte y el estado de Gezira.
El conflicto tiene raíces en una larga historia de tensiones políticas y militares. Las Fuerzas de Apoyo Rápido, una fuerza paramilitar independiente fundada por el expresidente Omar al Bashir hace más de dos décadas, fueron originalmente utilizadas para reprimir rebeliones en Darfur. Tras la caída de Al Bashir en 2019, las reformas impulsadas en el marco de la transición política en Sudán tensaron aún más las relaciones entre este grupo y las fuerzas armadas regulares.
Desde el estallido de la violencia, más de 14.000 personas han muerto y más de 10 millones han sido desplazadas, en medio de violaciones generalizadas de derechos humanos y del derecho internacional humanitario. Las condiciones para la población civil son críticas, falta de acceso a alimentos, agua y servicios básicos, además de restricciones severas que dificultan la llegada de ayuda humanitaria.
En la región de Darfur, en particular, se han documentado ataques selectivos contra la comunidad masalit. Investigaciones de Amnistía Internacional han verificado múltiples incidentes de violencia étnica en localidades como Ardamata, El Geneina, Misterei y Tandelti, en los que las Fuerzas de Apoyo Rápido y milicias aliadas habrían sido responsables.
Estos ataques reavivan heridas profundas en una región marcada por décadas de violencia, incluyendo la limpieza étnica de 2003, en la que se perpetraron crímenes de guerra y de lesa humanidad contra comunidades darfuríes.
A pesar de la gravedad del conflicto, la respuesta internacional ha sido limitada. La situación en Sudán no es inevitable, la comunidad internacional aún tiene la capacidad de actuar para proteger a la población civil y prevenir más atrocidades. La historia reciente del país exige una respuesta firme y sostenida para evitar que la tragedia continúe en el silencio.
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