Ante la inminente aprobación de la reforma laboral después de la conciliación que se debe realizar antes del próximo viernes, diversos sectores políticos, empresariales, académicos y sociales han solicitado al gobierno que retire el decreto que convoca la consulta popular.
El anuncio de realizar la consulta popular fue realizado por el gobierno ante la negativa del legislativo de dar luz verde a la reforma laboral que se hundió en la Comisión Séptima del Senado.
Sin embargo, ante la convocatoria de la costosa consulta que pretendía preguntar a la ciudadanía sobre los temas coyunturales de la reforma, el senado revivió el proyecto y fue aprobado el día martes, para ser ley solo le falta la conciliación con el texto que salió de la Cámara y una vez aprobado por las plenarias se convierta en ley con la firma del Presidente.
Es por esto que para diversos sectores no hay fundamento alguno para insistir en una consulta sobre unos temas que ya están aprobados en el Congreso.
Al respecto, el académico y constitucionalista Rodrigo Uprimmy se refirió: «La consulta popular debe tener un propósito claro y no puede ser una herramienta para revalidar decisiones que ya tienen fuerza de ley. En este caso, la reforma laboral ya ha sido tramitada y aprobada conforme a los canales constitucionales».
Para el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, la decisión de retirar el decreto de consulta popular depende exclusivamente del Presidente de la República, aunque no hay un pronunciamiento desde la Casa de Nariño, se estima que una decisión de fondo se tomaría una vez se apruebe la conciliación del proyecto de reforma laboral en el Congreso.
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