En un nuevo capítulo del sonado escándalo de corrupción que involucra a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Sneyder Pinilla, exdirector de la entidad, firmó un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación.
Este acuerdo contempla una condena de seis años, seis meses y nueve días de prisión, además del reintegro de $618 millones por su participación en un entramado que desvió recursos destinados a atender emergencias en el país.
Pinilla no es el único exfuncionario enredado en este escándalo. A su nombre se suman el de su antecesor, Olmedo López, y varios contratistas y asesores de la UNGRD.
Entre ellos destaca Luis Eduardo López Rosero, señalado como el cerebro detrás de una empresa encargada de suministrar carrotanques para La Guajira. López Rosero aceptó delitos como peculado por apropiación, concierto para delinquir y falsedad documental, a cambio de una pena de seis años, ocho meses y doce días, además de reintegrar más de $7.700 millones.
El listado incluye también a Pedro Andrés Rodríguez Melo, ex asesor de la UNGRD, quien enfrentará una condena de casi cinco años y el reintegro de una suma aún por determinar.
Luis Carlos Barreto, exdirector de Conocimiento de la entidad, y su abogado, Édgar Eduardo Riveros Rey, fueron imputados por peculado y soborno, con penas de más de tres y cinco años respectivamente.
La verdad tras el preacuerdo
En un comunicado, el abogado de Sneyder Pinilla, Gustavo Moreno, destacó que su cliente había colaborado desde el inicio con la Fiscalía, entregando información clave para desenmascarar el entramado de corrupción. Sin embargo, Moreno denunció presiones externas, afirmando que a Pinilla le ofrecieron $13.000 millones para guardar silencio.
«Mi cliente eligió la verdad sobre el dinero. Este preacuerdo es solo un paso hacia la justicia, pero necesitamos garantías de que se respetará el principio de oportunidad para que los hechos sean plenamente esclarecidos», expresó Moreno.
El impacto político del caso
El caso de la UNGRD no solo expone un profundo desfalco financiero, sino que también salpica a altos funcionarios del actual gobierno.
La Fiscalía anunció una próxima audiencia de imputación contra Sandra Ortiz, exconsejera presidencial para las regiones, por delitos de lavado de activos y tráfico de influencias. Ortiz, según informes, habría trasladado $3.000 millones en efectivo al expresidente del Senado, Iván Name, con el propósito de asegurar la aprobación de las reformas sociales del presidente Gustavo Petro.
Con la aceptación de responsabilidades y la devolución parcial de los recursos, este proceso apenas inicia. Sin embargo, queda claro que el impacto político y social de este escándalo será difícil de superar.
