El asesinato del líder social Fabio Álex Ortega, ocurrido en Cúcuta, dio a conocer supuestos problemas internos en el funcionamiento de la Unidad Nacional de Protección (UNP).
Ortega, defensor de derechos humanos y destacado personero en El Zulia y San Cayetano, fue asesinado por sicarios mientras se desplazaba en un vehículo de la UNP. En el ataque, uno de los escoltas resultó herido y un menor de 16 años que participaba en el ataque murió en el intercambio de disparos.
El sindicato de la UNP denunció que la entidad ha enfrentado graves irregularidades en las rutas de protección tras la llegada de Augusto Rodríguez como director. A través de un comunicado en redes sociales, el sindicato afirmó que el esquema de seguridad de Ortega había sido reducido de manera progresiva y que incluso se planeaba desmantelar su protección por completo, a pesar de las amenazas y atentados previos que había sufrido el líder social.
La UNP, en un comunicado, condenó el asesinato y pidió a las autoridades una pronta investigación, pero no se pronunció sobre las denuncias del sindicato. Según reportes previos, Ortega había alertado públicamente sobre la vulnerabilidad en la que se encuentran los defensores de derechos humanos en Colombia, un hecho que incrementa las críticas hacia la entidad encargada de brindarles protección.
UNP repudia asesinato de Fabio Alex Ortega, se solidariza con su familia y pide a las autoridades pronta investigaciónhttps://t.co/74UgCB67GO
— Unidad Nacional de Protección, UNP. (@UNPColombia) December 19, 2024
En paralelo, se dio a conocer que la Procuraduría ha recibido varias quejas disciplinarias relacionadas con los supuestos retrasos en la designación de esquemas y problemas en los análisis de riesgo realizados por la UNP. Estas irregularidades, según el sindicato, habrían convertido las rutas de protección en un «calvario» para quienes necesitan el apoyo de la entidad.
Mientras las autoridades investigan para identificar a los responsables intelectuales del asesinato de Fabio Ortega, organizaciones sociales han pedido que se refuercen las medidas de protección para los líderes sociales y que se evalúe el funcionamiento interno de la UNP, ante las crecientes denuncias por su aparente incapacidad para garantizar la seguridad de los defensores de derechos humanos en Colombia.
