El proceso judicial contra Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente Gustavo Petro, entra en una fase decisiva marcada por cuestionamientos a su capacidad de comparecer ante la justicia.
Desde las 9:00 de la mañana de este martes se retomará en el centro de servicios judiciales, la audiencia contra el hijo del mandatario, investigado por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. En esta diligencia, el juez Hugo Carbonó, encargado del Juzgado Segundo Penal de Conocimiento de Barranquilla, definirá cuáles de las pruebas solicitadas por la Fiscalía y la defensa que serán aceptadas dentro del juicio.
Sin embargo, su defensa notificó que Petro Burgos no podrá asistir presencialmente a las audiencias programadas para los días 4 y 5 de noviembre en Barranquilla, alegando que el bloqueo de sus cuentas bancarias y los riesgos de seguridad le impiden desplazarse desde Bogotá.
Su abogado, Alejandro Carranza, aseguró que la reciente inclusión de su cliente en la lista Clinton del Departamento del Tesoro de Estados Unidos paralizó todas sus operaciones financieras, dejándolo sin posibilidad de realizar transacciones o adquirir tiquetes aéreos. “Las cuentas de Nicolás están completamente bloqueadas, no puede acceder a servicios bancarios básicos”, señaló el defensor, quien insistirá ante el juez Hugo Carbonó Ariza que la audiencia sea virtual.
La defensa también indicó que existen supuestos motivos de seguridad tras el arresto de Jorge Luis Santiago Charris, exescolta de la fiscal del caso, por supuestos vínculos con el Clan del Golfo, fue presentado como evidencia del entorno de riesgo que enfrentaría Petro Burgos si regresa a Barranquilla. Según Carranza, el traslado de su cliente a Bogotá meses atrás respondió precisamente a amenazas contra su integridad.
En la diligencia, el juez tendrá que resolver no solo la solicitud de conexión remota, sino también qué pruebas serán admitidas en la etapa de juicio oral. Entre ellas figuran chats, grabaciones y testimonios sobre los movimientos financieros que la Fiscalía atribuye al procesado. El ente investigador sostiene que, entre 2020 y 2022, Petro Burgos habría recibido más de mil millones de pesos de origen no declarado, parte de los cuales podrían haber sido destinados a campañas políticas en el Atlántico.
Uno de los nombres más citados en el expediente es el del empresario Alfonso del Cristo “El Turco” Hilsaca, señalado de entregar dinero al acusado. La defensa, sin embargo, mantiene que esos recursos correspondían a préstamos personales y no a operaciones ilegales.
Carranza aprovechará además la sesión para solicitar la revisión del principio de oportunidad concedido a Day Vásquez, exesposa de Petro y testigo clave, argumentando que no ha cumplido con las obligaciones pactadas con la Fiscalía.
Una vez el despacho judicial decida qué evidencias serán admitidas, quedará instalado el juicio formal contra Nicolás Petro Burgos, en el que se escucharán los testimonios avalados por ambas partes.
De momento, todo indica que el hijo del presidente no volverá a los estrados de Barranquilla en persona, al menos mientras no se resuelvan los obstáculos financieros y de seguridad que su defensa ha puesto sobre la mesa.
