La huelga de hambre de familiares de personas consideradas presos políticos continuó el día de hoy, frente a la sede de la Policía Nacional Bolivariana conocida como Zona 7, en Caracas, mientras la Asamblea Nacional retomó el segundo debate de la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática.
La protesta, iniciada el 14 de febrero, avanzó con cuatro mujeres acostadas bajo un toldo rojo sobre colchones en el asfalto, luego de que seis de las diez participantes iniciales abandonaran la medida por recomendación médica.
Según reportes de prensa internacional, los manifestantes recibieron revisiones constantes debido al deterioro físico tras más de 100 horas sin ingerir alimentos. Una de ellas presentó una crisis hipertensiva grave y tuvo que retirarse.
Narwin Gil, familiar de uno de los detenidos en los calabozos de Zona 7, declaró al medio AFP que la huelga se mantendría “hasta que el cuerpo aguante” y reiteró que no esperaban la aprobación de una ley, sino la liberación inmediata de sus allegados. Insistió en que su cuñado, José Gregorio Farfán, era inocente y no debía haber sido encarcelado.
En un comunicado leído ante el comando policial, los familiares calificaron la acción como “desesperada, pero pacífica” y exigieron libertad, dignidad y respeto a los derechos humanos.
La permanencia de la protesta coincidió con la reanudación en el Parlamento del debate de la ley impulsada por la Presidente encargada Delcy Rodríguez. El proyecto, aprobado en primera discusión semanas antes, había sido aplazado por desacuerdos en un artículo que exigía que los beneficiarios “estén a derecho o se pongan a derecho”, condición cuestionada por sectores opositores al considerar que no garantizaba la excarcelación inmediata.
La nueva ley contemplaba hechos ocurridos desde 1999, durante los gobiernos chavistas, aunque limitaba su alcance a determinadas coyunturas políticas, desde el intento de golpe de Estado de 2002 contra Hugo Chávez hasta las protestas posteriores a la elección presidencial de julio de 2024.
La jornada legislativa se desarrolló en un contexto político marcado por la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero en una operación de Estados Unidos, tras la cual Rodríguez asumió el poder y anunció un proceso de excarcelaciones. Según la ONG Foro Penal, 644 personas permanecían detenidas por motivos políticos, cifra que el Gobierno rechazó al negar que existieran presos por razones políticas.
En paralelo a la huelga frente a Zona 7, familiares y activistas también se concentraron el 18 de febrero ante la sede de Naciones Unidas en Caracas para denunciar el incumplimiento de liberaciones prometidas y solicitar verificación internacional de las condiciones de detención.
