La ciudad vive su tercer día consecutivo de disturbios y enfrentamientos tras una serie de redadas ejecutadas por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). Las operaciones, llevadas a cabo en viviendas y locales comerciales, resultaron en la detención de cientos de inmigrantes, incluyendo personas con permisos legales para permanecer en el país, según denuncias de organizaciones civiles.
Las redadas han desencadenado una ola de protestas que han escalado en intensidad. Las manifestaciones, inicialmente pacíficas, se tornaron violentas en varios sectores de la ciudad. Grupos de manifestantes han levantado barricadas, se han reportado saqueos en algunos negocios y se han producido enfrentamientos con las fuerzas del orden, que han respondido con gases lacrimógenos y balas de goma para dispersar a las multitudes.
En respuesta al deterioro del orden público, el expresidente Donald Trump, quien ordenó estas acciones represivas por haber retomado un discurso duro contra la inmigración en recientes declaraciones públicas, sacó a las calles a la Guardia Nacional en la ciudad. Desde entonces, diversas zonas de Los Ángeles han sido militarizadas, con tropas patrullando calles en vehículos blindados.
La escena urbana es tensa, con columnas de humo, vitrinas rotas y calles tomadas por unidades tácticas que pintan el panorama de una ciudad bajo presión. Varias ONG, como la ACLU y Human Rights Watch, han alertado sobre posibles violaciones a derechos fundamentales en las detenciones y han pedido investigaciones independientes.
Los hechos se producen en un contexto nacional de creciente polarización en torno a las políticas migratorias. A pesar de los cambios administrativos en Washington, sectores conservadores continúan presionando para el endurecimiento de las leyes migratorias. Mientras tanto, activistas y defensores de los derechos humanos advierten que estas acciones generan miedo entre comunidades enteras y erosionan la confianza en las instituciones.
El gobierno local de Los Ángeles no ha emitido declaraciones oficiales sobre el uso de la Guardia Nacional, pero algunos concejales y representantes estatales han expresado su preocupación por la militarización de las calles y han exigido transparencia sobre las órdenes dadas desde el nivel federal.
